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El rescate de un comerciante secuestrado en Bogotá permitió capturar a cuatro personas que, según las autoridades, estarían vinculadas con una estructura al servicio del Clan del Golfo. El operativo ocurrió la noche del miércoles 16 de septiembre en el barrio El Paraíso, en Ciudad Bolívar.
El comerciante, de 34 años, permaneció tres días retenido en una vivienda del sur de Bogotá. El CTI de la Fiscalía y el Gaula Militar llegaron hasta el lugar y también incautaron un arma de fuego.
La víctima había sido interceptada el domingo 13 de septiembre cuando se movilizaba en su vehículo por la Avenida Caracas, en la localidad de Rafael Uribe Uribe. Horas después, los secuestradores contactaron a su madre y exigieron $130 millones por su liberación.
Para presionar el pago, los delincuentes enviaron videos en los que intimidaban al comerciante con armas de fuego y amenazaban con asesinarlo. Según la Fiscalía, el hombre permaneció sedado durante el cautiverio.
La investigación avanzó con el seguimiento de las comunicaciones utilizadas para exigir el dinero. El rastreo de las llamadas extorsivas y el análisis de cámaras de seguridad permitieron ubicar la vivienda donde mantenían retenido al comerciante.
El comandante de la XIII Brigada del Ejército, brigadier general William Fernando Caicedo, explicó que detrás del secuestro estaría “un grupo delincuencial organizado que es outsourcing del Clan del Golfo”. Según el oficial, la estructura buscaba obtener recursos para financiar a esa organización criminal.
El operativo se desarrolló en dos fases. Primero, las autoridades realizaron dos capturas de manera controlada y luego desplegaron una segunda intervención en El Paraíso. “Se llega a la vivienda, se logra el rescate y dos capturas más”, explicó el general Caicedo.
Tras ser liberado, el comerciante fue trasladado al búnker de la Fiscalía, donde se reencontró con sus familiares después de tres días de cautiverio. La operación permitió recuperar con vida a la víctima antes de que se concretara el pago exigido.
Los cuatro capturados serán presentados ante un juez de control de garantías por un fiscal especializado. La Fiscalía les imputará el delito de secuestro extorsivo, mientras avanza el proceso para establecer su responsabilidad y los posibles vínculos con la estructura criminal señalada por las autoridades.
El caso pone nuevamente bajo investigación las redes que utilizan sectores de Bogotá para ocultar a víctimas de secuestro y exigir pagos a sus familias. La investigación deberá establecer si esta estructura participó en otros secuestros o actividades extorsivas en la capital.
