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9 noviembre, 2026Cinco personas fueron judicializadas en Bogotá, Soacha y Villavicencio. La investigación señala que más de 600 videos y fotografías circularon en grupos privados a los que se accedía mediante pagos.
Una red señalada de almacenar y distribuir material de abuso sexual infantil a través de grupos privados de mensajería instantánea fue descubierta por la Fiscalía General de la Nación y la Dijin de la Policía Nacional. Cinco presuntos integrantes fueron capturados en operativos realizados en Bogotá, Soacha (Cundinamarca) y Villavicencio (Meta), y judicializados el 9 de noviembre de 2026.
De acuerdo con la investigación, más de 600 videos y fotografías de abuso sexual infantil habrían circulado entre el 24 de julio de 2024 y el 31 de enero de 2025. El material era compartido en dos grupos privados denominados ‘Venta 33’ y ‘Cvpa’, cuyo acceso requería el pago de dinero.
Las autoridades establecieron que los administradores de estos espacios virtuales habrían distribuido los contenidos a más de 140 contactos. También habrían utilizado otros canales digitales para comercializar el material de manera individual a cambio de diferentes sumas de dinero.
La investigación permitió identificar a los presuntos responsables y establecer su posible participación en la administración de las plataformas, el almacenamiento y la circulación de los archivos. Durante las diligencias de registro y allanamiento, las autoridades incautaron teléfonos celulares, memorias USB y otros dispositivos electrónicos que serán materia de análisis dentro del proceso.
Los cinco capturados fueron presentados ante jueces de control de garantías por fiscales de la Unidad Especial de Investigación de Delitos Cometidos contra Niños, Niñas y Adolescentes (UENNA). La Fiscalía les imputó, según su presunta participación, los delitos de pornografía con personas menores de 18 años y explotación sexual de niños, niñas y adolescentes.
Entre los judicializados se encuentra Milton Darwin Bohórquez Alfonso, quien aceptó los cargos formulados por la Fiscalía. Los otros cuatro procesados también recibieron medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial.
La investigación pone de nuevo en evidencia los riesgos de explotación sexual de menores en entornos digitales, donde los grupos privados y los mecanismos de pago pueden facilitar la circulación clandestina de contenidos que vulneran sus derechos.
Con los dispositivos electrónicos incautados, las autoridades buscarán avanzar en el análisis de las evidencias y establecer posibles conexiones con otros usuarios de estas redes. El proceso también podría permitir identificar a más personas involucradas en la distribución y comercialización de material de abuso sexual infantil.




