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10 noviembre, 2026
La decisión judicial protege los derechos a la honra y al buen nombre de la excanciller, tras declaraciones que la relacionaban con supuestos encuentros sexuales para el presidente Gustavo Petro.
Un juez de Bogotá ordenó a Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), retractarse de varias afirmaciones contra Laura Sarabia, relacionadas con la supuesta organización o facilitación de encuentros sexuales para el presidente Gustavo Petro.
La decisión fue adoptada por el Juzgado Sexto Civil Municipal de Ejecución de Sentencias de Bogotá, que concedió la protección de los derechos fundamentales de Sarabia a la honra, el buen nombre y la rectificación frente a los señalamientos realizados por Rodríguez.
El fallo también se pronunció sobre las afirmaciones relacionadas con el supuesto uso de información íntima para presionar, chantajear y conseguir o conservar cargos dentro del Gobierno. Estos señalamientos hicieron parte de los argumentos examinados por el despacho judicial.
Rodríguez deberá grabar un video con la retractación
La orden establece que Angie Rodríguez tiene 48 horas, contadas a partir de la notificación de la sentencia, para firmar el texto de rectificación y grabar un video leyéndolo en su totalidad.
El juzgado determinó que la exdirectora del DAPRE deberá utilizar su propia voz para realizar la grabación, con el propósito de dejar constancia del cumplimiento de la orden judicial.
La decisión contempla una alternativa para realizar el procedimiento: Rodríguez podrá grabar el video sin mostrar su rostro y recibir asistencia técnica. De esta manera, el despacho estableció condiciones para cumplir la retractación sin exigir que aparezca frente a la cámara.
La honra y el buen nombre, en el centro del fallo
El pronunciamiento judicial se concentra en las afirmaciones que vincularon a Laura Sarabia con supuestas actividades relacionadas con la vida íntima del presidente y con presuntas maniobras para obtener beneficios dentro del Gobierno.
Con esta decisión, el juzgado ordena una rectificación formal de las declaraciones cuestionadas y establece un plazo concreto para su cumplimiento.
El siguiente paso será verificar que Rodríguez realice la retractación en los términos establecidos por el juez. El fallo pone en el centro del debate las consecuencias jurídicas de las declaraciones públicas que puedan afectar la honra y el buen nombre de otras personas.
