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El vocero Miller Soto aseguró que la iniciativa exigirá verdad, entrega de información, cese del delito y reparación a las víctimas.
El Gobierno de Abelardo De La Espriella avanza en la construcción de la ley de sometimiento para organizaciones criminales, iniciativa que será presentada ante el Congreso y que, según el vocero presidencial Miller Soto, no contempla reconocimiento político ni negociaciones con quienes continúen delinquiendo. La propuesta se articula con un estatuto antiterrorista para combatir las rentas ilegales.
“Al criminal no se le pone una silla, se le pone un expediente”, afirmó Soto al explicar la posición del Ejecutivo. El funcionario sostuvo que quienes pretendan acogerse a la justicia deberán hacerlo bajo las condiciones establecidas por la ley y sin convertir el proceso en una negociación política.
La iniciativa está siendo elaborada por los ministros de Justicia, Iván Cancino, y del Interior, Rodrigo Lara, junto con el presidente. El Gobierno ha señalado que busca establecer una ruta jurídica para el sometimiento voluntario, con condiciones previamente definidas y sujetas al cumplimiento de obligaciones frente al Estado y las víctimas.
Verdad, cese del delito y reparación
Uno de los puntos centrales será el cumplimiento de compromisos por parte de quienes decidan someterse. Soto explicó que el mecanismo exigirá verdad, cesación de las actividades criminales, entrega de información y reparación de las víctimas.
“No es diálogo. El que delinque llega a acogerse, a someterse, no a negociar”, manifestó el vocero. La propuesta, según los lineamientos conocidos hasta ahora, contempla beneficios jurídicos condicionados al cumplimiento de las obligaciones y no una suspensión automática de las órdenes de captura o de los procesos de extradición.
El Gobierno también ha planteado que las eventuales rebajas de pena dependerían del nivel de responsabilidad dentro de las organizaciones y del cumplimiento efectivo de las condiciones. El sometimiento no implicaría impunidad, según los lineamientos presentados por los ministros ante el Congreso.
Estatuto antiterrorista apunta a las rentas criminales
La estrategia incluye un segundo componente: el estatuto antiterrorista, con medidas dirigidas a afectar las fuentes de financiación de las organizaciones criminales.
Soto mencionó entre esas economías la minería ilegal, los cultivos de coca, el contrabando y el lavado de activos. El propósito es atacar las estructuras financieras que permiten a estos grupos mantener sus operaciones y capacidad armada.
La propuesta también contempla un régimen penitenciario especial para los cabecillas de grandes estructuras criminales. El Gobierno sostiene que quienes ocupen posiciones de mando deben asumir un tratamiento diferenciado dentro de la justicia, de acuerdo con su nivel de responsabilidad.
El proyecto llegará al Congreso
Los ministros Cancino y Lara ya expusieron ante el Congreso los principales lineamientos de la iniciativa. El Gobierno trabaja en la versión definitiva antes de su radicación para iniciar el trámite legislativo.
Cancino ha explicado que el mecanismo estará dirigido a integrantes de organizaciones criminales que expresen su voluntad de abandonar las actividades ilegales y someterse al Estado de derecho. Los beneficios estarán sujetos al cumplimiento de condiciones, entre ellas las relacionadas con verdad, reparación y entrega de bienes.
Soto cerró su pronunciamiento con una advertencia sobre la línea que pretende marcar la administración. “Este gobierno no va a claudicar”, afirmó, y agregó que quienes persistan en actividades criminales deberán enfrentar la acción de las autoridades.
La siguiente etapa será política y jurídica: el Gobierno tendrá que convertir estos lineamientos en proyectos concretos y someterlos al debate del Congreso. Allí se definirá el alcance de los beneficios, las obligaciones para quienes se sometan y las reglas que regirán la persecución de las estructuras criminales.
