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Los antiguos integrantes del secretariado deberán cumplir restricciones de movilidad y actividades restaurativas por secuestros y otros crímenes investigados en el Caso 01.
La JEP activó la ejecución y seguimiento de las sanciones contra siete antiguos integrantes del secretariado de las Farc, condenados por su responsabilidad en el Caso 01 sobre toma de rehenes, graves privaciones de la libertad y otros crímenes concurrentes. Desde ahora deberán cumplir condiciones de residencia, movilidad y participación en proyectos restaurativos. La sentencia del Caso 01 fue emitida el 16 de septiembre de 2025.
Los sancionados son Rodrigo Londoño, Jaime Alberto Parra, Milton de Jesús Toncel, Pablo Catatumbo Torres, Pastor Alape, Julián Gallo y Rodrigo Granda. La decisión los responsabilizó por crímenes de guerra y de lesa humanidad relacionados con privaciones de la libertad y otros hechos cometidos durante el conflicto armado.
Las sanciones establecen diferentes periodos de cumplimiento. Rodrigo Londoño y Pablo Catatumbo deberán cumplir ocho años, mientras Jaime Alberto Parra tendrá siete años, diez meses y dos días; Milton de Jesús Toncel, siete años, ocho meses y 25 días; y Pastor Alape, seis años, 11 meses y 22 días.
Para Julián Gallo la sanción será de seis años y para Rodrigo Granda de cinco años. Las sanciones propias de la JEP tienen un componente restaurativo y contemplan restricciones de derechos y libertades, además de mecanismos de seguimiento y verificación.
Una de las condiciones centrales será la movilidad. Los siete deberán mantener una residencia fija, cumplir horarios de trabajo y obtener autorización para determinados desplazamientos. La salida de Colombia quedará condicionada a autorización y durante la ejecución de las sanciones estarán sometidos a mecanismos de seguimiento.
El componente restaurativo se desarrollará mediante 79 acciones relacionadas con memoria y reparación simbólica, búsqueda de desaparecidos, medioambiente y acciones frente a minas antipersonal, distribuidas en diferentes territorios del país.
Una de las primeras intervenciones se realizará entre el 21 y el 30 de septiembre en el cementerio San Antonio de Padua, en Pitalito, Huila. Allí participarán Rodrigo Londoño, Rodrigo Granda, Pastor Alape, Jaime Alberto Parra y Milton de Jesús Toncel en actividades relacionadas con la búsqueda de personas dadas por desaparecidas.
Las labores estarán bajo la dirección técnica de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas e incluirán preparación del terreno, señalización, apoyo topográfico, excavaciones manuales y acompañamiento logístico a los equipos de antropología.
La intervención en Pitalito no constituye una sanción adicional, sino la ejecución de uno de los proyectos restaurativos contemplados dentro de la sentencia. La elección del cementerio está relacionada con información sobre personas desaparecidas en Huila y con víctimas acreditadas en el Caso 01.
Con la entrada en ejecución de las sanciones, el Tribunal para la Paz deberá verificar el cumplimiento efectivo de las restricciones y actividades restaurativas. Esta etapa trasladará el foco del proceso judicial hacia la aplicación práctica de las primeras sanciones propias contra antiguos miembros del máximo órgano de dirección de las Farc.
