Conozca las industrias con mayor accidentalidad en Colombia: medidas de protección para cada sector
6 noviembre, 2026
Juan Francisco García, coordinador de Fundaredes en Apure, denunció la presencia de estructuras armadas, pistas clandestinas y redes de narcotráfico en territorio venezolano. También cuestionó la falta de transparencia sobre el bombardeo contra un campamento del ELN.
El ELN mantiene presencia armada y control territorial en amplias zonas del estado venezolano de Apure, donde también operan estructuras vinculadas al narcotráfico y existen campamentos y pistas clandestinas. Así lo denunció Juan Francisco García, coordinador de la organización Fundaredes en esa región, al referirse al bombardeo contra un campamento de esa guerrilla en la frontera colombo-venezolana.
En entrevista con ASB-Colmundo, García aseguró que, ocho días después del ataque, todavía no existía información oficial precisa sobre el número de muertos ni la identidad de las víctimas. Cuestionó el silencio del Ministerio de Defensa, del CIOFAN y de las autoridades civiles venezolanas frente a lo ocurrido.
El representante de Fundaredes explicó que la organización ha documentado durante años la presencia de grupos armados ilegales en esa franja fronteriza. Recordó que inicialmente hubo control de estructuras de las antiguas FARC y del Décimo Frente, mientras que desde 2021 el ELN habría fortalecido su presencia mediante una alianza con sectores de la Fuerza Armada venezolana, según las denuncias de la organización.
Fundaredes denuncia campamentos y rutas del narcotráfico
García señaló que el territorio venezolano no funciona únicamente como una extensión del conflicto armado colombiano, sino como una zona de retaguardia para las organizaciones ilegales, que pueden refugiarse allí durante los enfrentamientos en Colombia y regresar posteriormente a desarrollar actividades criminales.
Entre las zonas identificadas por Fundaredes mencionó municipios del estado Apure como Páez, Rómulo Gallegos, Muñoz y sectores donde, según sus registros, existen campamentos y pistas utilizadas para el movimiento de drogas.
El coordinador también advirtió sobre la situación en el municipio Páez, especialmente en las parroquias La Victoria, El Amparo y El Nula, ubicadas en el extremo fronterizo con el departamento colombiano de Arauca.
Apure concentra cerca de 800 kilómetros de los 2.219 kilómetros de frontera que comparten Colombia y Venezuela, según las cifras expuestas por García. A su juicio, la falta de vigilancia y presencia institucional en ese territorio facilita la expansión de los grupos armados.
Violaciones de derechos humanos y afectaciones a comunidades indígenas
La organización también alertó sobre las vulneraciones de derechos humanos atribuidas a estas estructuras. García recordó que Fundaredes ha denunciado casos de violencia sexual contra niñas indígenas de 12 y 13 años, presuntamente cometidos por integrantes de mandos del ELN y las FARC.
A estas denuncias se suman los señalamientos sobre asesinatos de pobladores, utilización de territorios indígenas para actividades relacionadas con el narcotráfico y presencia de infraestructura clandestina.
El representante de Fundaredes afirmó que la labor de documentación ha expuesto a los integrantes de la organización a persecuciones y amenazas. Incluso aseguró que enfrentó una orden de aprehensión y un allanamiento de su vivienda por su trabajo de denuncia.
Sobre el bombardeo reciente, García precisó que no tenían registro de desplazamientos de habitantes hacia Colombia desde el lugar del ataque, debido a que se trata de una zona selvática y de difícil acceso. Agregó que algunos integrantes de los grupos armados que sobrevivieron habrían logrado llegar a territorio colombiano.
Fundaredes cuestiona la capacidad del Gobierno venezolano para combatir al ELN
Al analizar las razones del bombardeo, García consideró que la operación podría estar relacionada con los cambios políticos ocurridos en Venezuela después del 3 de enero y con la presión ejercida por Estados Unidos sobre las autoridades del país.
También mencionó la situación de seguridad en Colombia como un factor que podría incidir en las decisiones del Gobierno venezolano frente a los grupos armados.
Sin embargo, expresó desconfianza sobre la capacidad de las actuales autoridades venezolanas para combatir al ELN. Fundaredes denuncia desde 2021 una presunta alianza entre esa guerrilla y sectores de la Fuerza Armada venezolana, que habría incluido el uso de uniformes, embarcaciones armadas y otros recursos institucionales.
Por esa razón, García sostuvo que no basta con realizar operaciones militares aisladas. Insistió en la necesidad de una política fronteriza que combine seguridad, presencia institucional y atención social a las comunidades.
García pide diferenciar a los migrantes venezolanos de las estructuras criminales
Durante la entrevista, el coordinador de Fundaredes también se refirió a las deportaciones de ciudadanos venezolanos y pidió evitar que la migración sea asociada de manera generalizada con la delincuencia.
“No todo migrante venezolano es criminal. No todo migrante venezolano ejerce una actividad ilícita en otro país”, afirmó.
Reconoció la presencia de integrantes del Tren de Aragua en distintos países y la necesidad de adoptar medidas de seguridad frente a esas estructuras. Sin embargo, recordó que millones de venezolanos han construido sus proyectos de vida en Colombia y otros territorios, donde trabajan y contribuyen a las comunidades receptoras.
A su juicio, las políticas de deportación deben considerar las condiciones familiares, económicas y sociales de quienes han salido de Venezuela.
Finalmente, García insistió en que la recuperación de la seguridad en la frontera depende de una política sostenida contra el narcotráfico y los grupos armados, acompañada de cambios institucionales en Venezuela. Advirtió que, mientras persistan los espacios de retaguardia y la falta de vigilancia, el ELN podrá mantener su influencia sobre las comunidades y las rutas ilegales que conectan ambos países.
Nota editorial: el artículo conserva los señalamientos como declaraciones atribuidas a Juan Francisco García y a Fundaredes. No presenta como hechos judicialmente comprobados las denuncias sobre alianzas entre el ELN y la Fuerza Armada venezolana.
