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24 abril, 2026En medio de una jornada marcada por la tensión política y económica, el presidente Gustavo Petro y la senadora y candidata presidencial Paloma Valencia protagonizaron un duro enfrentamiento por el futuro de los ahorros pensionales en Colombia. El detonante fue el Decreto 0415 de 2026, que ordena trasladar $25 billones desde los fondos privados hacia Colpensiones, una decisión que ha abierto un fuerte debate sobre la legalidad y el manejo de estos recursos.
La polémica inició cuando Valencia cuestionó abiertamente la medida y recordó que, según la reforma pensional, “los fondos privados deben seguir administrando los recursos de los ahorradores” mientras cumplen los requisitos para pensionarse. En esa línea, advirtió que “no se pueden girar antes y el Gobierno no puede pasar por encima de la ley”, señalando que dicha norma fue aprobada por las mayorías del Ejecutivo, en medio de cuestionamientos políticos.
El mandatario respondió con contundencia y le recordó a la senadora que ella misma demandó la reforma, lo que —según explicó— ha impedido su entrada en vigencia. Petro cuestionó el cambio de postura en medio del calendario electoral y lanzó una crítica directa: “¿por qué ahora teme su decisión en época electoral?”. Además, rechazó las acusaciones sobre un supuesto uso indebido de los recursos, asegurando que “usted calumnia cuando dice que esto es para que el Gobierno se robe el dinero de los trabajadores”, calificando esos señalamientos como infundados.
El intercambio se intensificó cuando Valencia advirtió que el traslado de recursos tendría implicaciones fiscales y políticas. Según afirmó, “Colpensiones usará estos recursos para pagar pensiones a corto plazo”, lo que permitiría al Gobierno liberar recursos previamente destinados a ese fin. En un tono más crítico, sostuvo que ese dinero podría ser utilizado discrecionalmente en plena coyuntura electoral y remató diciendo que “se lo seguirán robando”.
Frente a esto, el presidente Petro defendió la legalidad del proceso y enfatizó que los fondos privados no son propietarios de los ahorros, sino simples administradores de los recursos de los trabajadores. En consecuencia, aseguró que cuando los afiliados se trasladan a Colpensiones y cumplen las condiciones, los fondos tienen la obligación legal de transferir esos dineros, y advirtió que de no hacerlo podrían estar incurriendo en prácticas indebidas al apropiarse de la rentabilidad.
El jefe de Estado también destacó que actualmente el Gobierno destina cerca de $12 billones en subsidios pensionales, y reiteró que el objetivo de la medida es reorganizar el sistema para ampliar la cobertura. En su intervención, instó a Valencia a retirar las acciones judiciales que han frenado la implementación de la reforma, mientras que la senadora respondió que continuará acudiendo a instancias como el Consejo de Estado para frenar lo que considera “una arbitrariedad”, aclarando además que no demandó la reforma laboral.
Este enfrentamiento tiene efectos directos sobre millones de cotizantes, ya que abre la posibilidad de cambios en la administración de sus ahorros pensionales, pasando de fondos privados a Colpensiones en ciertos casos. Asimismo, incrementa la incertidumbre sobre la estabilidad del sistema y el monto de las futuras pensiones, en un contexto donde las decisiones judiciales serán clave para definir el rumbo del modelo pensional en Colombia.
Humberto ‘Toto’ Torres




