En defensa de la Constitución del 91: “Las reformas se hacen con instituciones, no destruyéndolas”

¿Es la norma máxima un obstáculo o una garantía para las reformas sociales que demanda el país?

La campaña presidencial de Sergio Fajardo activó una nueva estrategia en el tablero político de cara a las elecciones del próximo 31 de mayo. El candidato de Dignidad y Compromiso radicó ante la Registraduría Nacional la solicitud para conformar el comité promotor del “Referendo por la estabilidad constitucional 2026-2034”, una iniciativa que buscaría impedir, durante los siguientes ocho años de gobierno, la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente que reemplace la Carta Política de 1991.

Una iniciativa que se da como respuesta luego de que el presidente Gustavo Petro y varios de sus ministros firmaran la convocatoria para una asamblea constituyente, bajo el argumento de un bloqueo institucional por parte del Congreso y los altos tribunales. Según el documento enviado por el equipo de Fajardo, el objeto de la iniciativa es “someter a consideración del pueblo colombiano la aprobación de un acto legislativo”, con el fin de establecer un período de estabilidad constitucional que impida cualquier intento de asamblea entre el 7 de agosto de 2026 y el 6 de agosto de 2034.

“En la Constitución del 91 están consagrados nuestros derechos, nuestras libertades y los límites al poder”, señaló Edna Bonilla, fórmula vicepresidencial de Fajardo, quien liderará el comité. La exsecretaria de Educación de Bogotá agregó que el país sí requiere reformas en salud, educación, justicia, empleo y descentralización, pero advirtió que “esas reformas se hacen con las instituciones, no destruyéndolas”.

El comité promotor no solo está integrado por la propia Bonilla. Lo acompañan el abogado Mauricio Pava y Federico Restrepo, gerente de la campaña. La solicitud fue enviada el pasado 6 de abril al registrador nacional, Hernán Penagos, y se espera su aprobación formal para iniciar la recolección de apoyos. Fajardo advirtió que “la Constitución no puede convertirse en una herramienta del gobierno de turno ni en un mecanismo de ajuste coyuntural”, insistiendo en que ese equilibrio no debe ser erosionado por intereses políticos.

La ruta legal para ambos bandos es paralela y exigente. Tanto el comité de la asamblea que promueve Petro como el referendo que propone Fajardo deben recolectar un mínimo de tres millones de firmas, que serán verificadas por la Registraduría. Si superan ese filtro, cada iniciativa deberá pasar por el Congreso y luego por un examen ante la Corte Constitucional. Para ser vinculantes, las propuestas necesitarían más de 12 millones de votos en las urnas.

Mientras tanto, desde el petrismo las reacciones han sido matizadas. El candidato oficialista, Iván Cepeda, se había mostrado abierto a una constituyente, pero recientemente afirmó que no es una prioridad y que optaría por un “Pacto Nacional” si llega a la Presidencia. Sin embargo, sectores de su movimiento continúan recolectando firmas, mientras el presidente Petro y varios ministros ya respaldaron la iniciativa constituyente.

La propuesta de Fajardo surge en medio de una fuerte polarización política, en la que el candidato ha endurecido su discurso frente al Gobierno. Ha cuestionado la política de “paz total”, los escándalos de corrupción y la crisis del sistema de salud, al tiempo que promueve su símbolo de campaña: una escoba con la que promete “barrer la corrupción”.

Finalmente, Fajardo invitó a distintos sectores a sumarse a la iniciativa, destacando que “este referendo es una causa común”. Enfatizó que “el cambio serio y seguro se construye con reglas claras, no destruyéndolas”. Ahora, la Registraduría deberá decidir si habilita la recolección de firmas, en un escenario donde los colombianos podrían tener que elegir entre blindar o reescribir su Constitución en las próximas urnas.

Juan Joya