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La expedición de la Resolución 2130 del 10 de agosto de 2026 de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) abrió el camino para avanzar en el Proyecto de Restauración de Ecosistemas Degradados del Canal del Dique, una intervención considerada estratégica para la recuperación ambiental, la protección de las comunidades y el desarrollo del Caribe colombiano.
Juan Oliveros, director ejecutivo del Consejo Gremial de Bolívar, dialogó con el corresponsal Óscar Lora y expresó su complacencia por la decisión, además de destacar las oportunidades que representa la reactivación del proyecto. Según explicó, la iniciativa tiene un costo superior a 3 billones de pesos y podría generar cerca de 65.000 empleos en su momento de mayor actividad.
Oliveros señaló que la decisión permite mantener el instrumento ambiental propio con el que el proyecto venía siendo estructurado, evitando la exigencia de un nuevo instrumento que, según explicó, habría significado mayores costos y mayores tiempos para su ejecución.
El dirigente gremial manifestó que las demoras generaban preocupación por la posibilidad de nuevos sobrecostos y por el riesgo de que una emergencia invernal afectara el proceso. Con la nueva decisión, el proyecto puede retomar el camino previsto inicialmente.
La decisión permite mantener el plan inicial del proyecto
De acuerdo con Oliveros, el Ministerio de Ambiente había revocado anteriormente la decisión que permitía ejecutar el proyecto con su instrumento ambiental propio y había exigido una licencia ambiental.
Ahora, el Ministerio revoca esa decisión, lo que deja nuevamente vigente el plan inicial del proyecto. El siguiente paso consiste en que la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y el concesionario reconfiguren rápidamente el cronograma y las reglas de juego, para avanzar hacia el inicio de las obras.
El director ejecutivo del Consejo Gremial de Bolívar recordó que el proyecto fue solicitado por el propio Ministerio de Ambiente a finales de la década de los noventa y que esa entidad participó activamente en su estructuración.
Por esta razón, Oliveros consideró que el Ministerio de Ambiente ha sido, en la práctica, el principal impulsor de una iniciativa orientada a la restauración ambiental del Canal del Dique.
El dirigente gremial cuestionó que el proyecto hubiera enfrentado un cambio de enfoque que llevó a exigirle una licencia ambiental como si se tratara de una obra diferente. La decisión reciente permite recuperar el esquema inicialmente previsto para su ejecución.
El proyecto no se encontraba en una etapa inicial de estructuración. Según explicó Oliveros, ya estaba funcionando en una fase cero de inicio, que contempla actividades relacionadas con el dragado de mantenimiento del Canal del Dique.
Esta fase no corresponde a un nuevo dragado, sino al mantenimiento del dragado existente. Además, el concesionario tiene actualmente obligaciones relacionadas con el sistema de gestión de riesgos.
Entre esas responsabilidades se encuentra el seguimiento de los niveles del Canal del Dique, con el propósito de generar alertas cuando se presenten aumentos o disminuciones y mantener comunicación con los municipios para activar los sistemas necesarios.
El concesionario también tiene la obligación de contar con una ambulancia fluvial y actualmente atiende a la población ubicada en la zona, de acuerdo con lo explicado por Oliveros.
Estas obligaciones hacen parte de la etapa de operación que actualmente desarrolla el concesionario, mientras permanece pendiente el inicio de la fase principal de construcción.
Las obras buscan generar empleo y nuevas oportunidades regionales
El proyecto contempla diferentes intervenciones. Entre las principales se encuentran los complejos de Calamar y Puerto Badel, además de obras complementarias relacionadas con protección de orillas y vías de acceso.
Oliveros destacó que estas intervenciones son necesarias para el territorio y que algunas tienen relación directa con la seguridad de las comunidades. Por ello, manifestó la expectativa de que las obras puedan activarse pronto y posteriormente comenzar las intervenciones de mayor magnitud.
El proyecto supera los 3 billones de pesos porque contempla no solamente la ejecución de las obras físicas, sino también una etapa posterior de operación.
Según explicó el dirigente gremial, al concesionario se le exige mantener la operación de todo el sistema durante 15 años después de terminar las obras. Esta condición busca garantizar que las intervenciones funcionen adecuadamente y que el sistema tenga un manejo continuo.
Una vez concluya ese periodo de operación, Cormagdalena y la Nación deberán definir cómo continuará el modelo de operación del Canal del Dique.
Uno de los principales impactos esperados está relacionado con el empleo. Oliveros estimó que en el momento de mayor actividad de las obras se podrían generar cerca de 65.000 empleos, oportunidades que no se han materializado debido a la imposibilidad de avanzar con las intervenciones.
Pero el impacto esperado no se limita a la construcción. El mejor manejo del recurso hídrico podría abrir oportunidades para desarrollar distritos de riego y aumentar la producción de alimentos en la región.
El dirigente gremial también identificó posibilidades de atraer nuevas inversiones, generar energía solar, mejorar la comunicación con la región y desarrollar oportunidades relacionadas con el turismo.
Entre esas posibilidades se encuentra la recuperación del Canal Viejo, además de la conexión de las ciénagas con el canal y entre ellas mismas. Estas intervenciones podrían generar nuevas condiciones para las comunidades ubicadas en el área de influencia.
Oliveros consideró que el reto consiste ahora en lograr que todas esas oportunidades se desarrollen de manera inclusiva, de forma que las comunidades puedan aprovechar los beneficios derivados de la nueva situación que podría generarse con la ejecución del proyecto.
La decisión ambiental representa, en ese sentido, un nuevo punto de partida para una iniciativa que lleva décadas en proceso de estructuración y que tiene componentes ambientales, sociales y económicos.
El Canal del Dique enfrenta ahora el desafío de pasar nuevamente de la decisión a la ejecución, con la reconfiguración del cronograma por parte de la ANI y el concesionario y el posterior inicio de las obras.
Para el Consejo Gremial de Bolívar, el proyecto representa una oportunidad que va mucho más allá de una infraestructura. Su ejecución puede significar restauración ambiental, protección para las comunidades, generación de empleo, producción de alimentos, inversión, energía y turismo.
El futuro inmediato dependerá de la capacidad de avanzar con los ajustes necesarios y activar las obras pendientes. Para Oliveros, el Canal del Dique representa una nueva esperanza que difícilmente podrá existir sin la ejecución del proyecto, mientras el territorio espera que sus beneficios puedan convertirse en oportunidades reales para sus comunidades.
