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La senadora del Centro Democrático afirmó que la JEP ha costado $3,8 billones y cuestionó sus resultados frente a los recursos destinados a su funcionamiento.
La JEP quedó nuevamente en el centro de la discusión fiscal luego de que la senadora María Clara Posada cuestionara el costo de su funcionamiento y los resultados obtenidos por el tribunal de justicia transicional. Según la congresista, la entidad ha recibido $3,8 billones y ha emitido 21 sentencias en ocho macrocasos.
Las declaraciones fueron entregadas durante una entrevista en ASB-Colmundo, en la que Posada sostuvo que el debate no debe limitarse al monto del recorte presupuestal, sino extenderse a la relación entre los recursos asignados y los resultados de la jurisdicción.
De acuerdo con la senadora, si se aprueba el presupuesto solicitado por la JEP, el costo acumulado llegaría a $4,5 billones. Posada calculó que, tomando como referencia las 21 sentencias que atribuye al tribunal, cada una representaría un costo aproximado de $180.000 millones.
“Lo mínimo en un momento de crisis fiscal como el que está atravesando el país es revisar los números, apretarnos el cinturón y pedir resultados”, afirmó la congresista durante la entrevista.
La JEP, por su parte, ha defendido la necesidad de contar con los recursos suficientes para cumplir sus funciones. La controversia se intensificó después de que se planteara trasladar $100.000 millones de su presupuesto de funcionamiento al Consejo Superior de la Judicatura.
El debate sobre las sentencias
Posada también cuestionó el alcance de las sanciones aplicadas dentro de los procesos de justicia transicional. En la entrevista sostuvo que las 21 sentencias corresponden a ocho macrocasos y mencionó 333 imputaciones asociadas a esos procesos.
La senadora criticó particularmente las sanciones propias de la justicia transicional cuando, según su interpretación, incluyen actividades restaurativas como labores sociales. Su argumento parte de que las víctimas deben tener un papel central en cualquier proceso de restauración.
Frente a ese punto, durante la entrevista se planteó una discusión sobre la naturaleza de la justicia restaurativa y la diferencia entre las sanciones de la JEP y las penas de la justicia ordinaria.
Posada respondió que entiende que el Acuerdo de Paz contempló penas efectivas diferentes a las de la justicia ordinaria, pero cuestionó que, a su juicio, no se estén cumpliendo las condiciones que deberían acompañar esos procesos, entre ellas la reparación y el reconocimiento de las víctimas.
La discusión por el recorte presupuestal
La controversia también alcanza la propuesta de reducción de recursos para 2027. La JEP ha advertido que una disminución presupuestal podría afectar su operación, mientras sectores del Congreso sostienen que el ajuste responde a la situación fiscal del país.
La propia JEP tiene publicados sus documentos presupuestales y de ejecución. En el informe correspondiente a febrero de 2026 aparece una apropiación vigente de $404.477 millones para gastos de personal, cifra que coincide con la mencionada por Posada durante la entrevista.
La senadora comparó ese monto con los gastos de personal del Ministerio de Justicia, que según sus declaraciones ascienden a $51.000 millones, y utilizó esa diferencia para cuestionar la estructura de costos del tribunal.
El Gobierno y los sectores que respaldan el ajuste sostienen que la discusión está relacionada con la necesidad de priorizar recursos públicos. La JEP, en cambio, ha defendido su autonomía y ha advertido sobre las consecuencias que tendría una reducción de recursos para su funcionamiento.
¿Qué viene para la JEP?
El debate continuará en el trámite presupuestal de 2027. La JEP ya aprobó su anteproyecto de presupuesto para esa vigencia y lo remitió al Ministerio de Hacienda dentro del procedimiento correspondiente.
La discusión tendrá dos frentes: por un lado, la exigencia de sectores políticos de reducir el gasto y evaluar los resultados; por otro, la posición de la JEP sobre los recursos necesarios para garantizar sus funciones de justicia transicional, atención a víctimas y desarrollo de los procesos judiciales.
Así, el futuro presupuesto de la JEP se convierte en uno de los puntos de discusión sobre cuánto debe gastar el Estado en justicia transicional y cómo medir sus resultados.
