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21 septiembre, 2026Bruce Mac Master plantea que el Presupuesto de salud 2027 debe respaldar las necesidades de financiación identificadas por el Ministerio.
La discusión del Presupuesto de salud 2027 será, según Bruce Mac Master, presidente de la ANDI, una oportunidad para definir si las decisiones de política pública tendrán el respaldo financiero necesario. El planteamiento fue divulgado este 21 de septiembre de 2026, en medio del debate sobre los recursos que tendrá el sistema el próximo año.
Mac Master sostuvo que “el presupuesto debe acompañar las decisiones de política pública en el Sistema de Salud” y calificó la discusión como una oportunidad para contrastar las decisiones del Estado con los recursos disponibles para atender a la población.
Ministerio de Salud pidió $13,9 billones adicionales
El dirigente gremial señaló que durante años el debate se ha concentrado en asuntos como la suficiencia de la UPC, las deudas, el flujo de recursos, los medicamentos, la infraestructura y la operación de las EPS. Ahora, dijo, existe una referencia presupuestal más concreta.
Según el planteamiento citado por Mac Master, el Ministerio de Salud solicitó $13,9 billones adicionales frente al presupuesto radicado para 2027. De ese monto, $12,3 billones corresponden a funcionamiento y $1,6 billones a inversión.
Para el presidente de la ANDI, las cifras presentadas por la cartera de Salud permiten trasladar la discusión desde el diagnóstico hacia las decisiones de financiación. “El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Salud, ha puesto sobre la mesa cifras concretas sobre las necesidades de financiación del sector”, afirmó.
Uno de los principales puntos está en el aseguramiento en salud, que contempla cerca de $72,4 billones provenientes de distintas fuentes. De esa suma, aproximadamente $49,9 billones corresponderían al aporte directo de la Nación.
Debate por la suficiencia de la UPC
Mac Master advirtió que el nivel de apropiación contemplado permitiría un crecimiento de la UPC cercano al 5 %, por debajo de los escenarios planteados para reconocer el aumento del gasto en servicios y tecnologías de salud durante los últimos dos años.
El análisis presentado por el Ministerio, según el dirigente gremial, identifica una necesidad cercana a $9 billones adicionales para aseguramiento, reclamaciones y servicios integrales de salud. La discusión está relacionada con cuánto deben crecer los recursos destinados a cubrir la atención efectiva de los pacientes.
“El objetivo es que el incremento de la UPC guarde relación con la evolución efectiva del gasto”, explicó Mac Master, al plantear que los recursos deben permitir reconocer y pagar los servicios requeridos por la población.
La suficiencia de la UPC también tiene un antecedente judicial. La Corte Constitucional ha hecho seguimiento al tema desde la Sentencia T-760 de 2008 y, en el Auto 007 de 2025, declaró el incumplimiento general del componente de suficiencia y ordenó revisar y reajustar la UPC.
Posteriormente, mediante el Auto 2049 de 2025, la Corte señaló que persistía el incumplimiento, abrió un incidente de desacato y ordenó acreditar técnicamente para 2026 la suficiencia de la UPC en los regímenes contributivo y subsidiado.
Mac Master precisó que el incumplimiento que originó ese incidente correspondió al Ministerio de Salud durante el Gobierno anterior. Su planteamiento actual apunta a que la discusión técnica continúe: “La UPC debe sustentarse técnicamente en su capacidad para financiar los servicios y tecnologías a cargo del sistema”, afirmó.
Cifras muestran la presión sobre los recursos
La ANDI también citó cálculos realizados en años anteriores para dimensionar la brecha entre los recursos disponibles y el costo de la atención. Según sus estimaciones, para 2026 la UPC debía aumentar al menos 15,6 % para comenzar a estabilizar la operación corriente.
Ese escenario proyectaba para 2025 una siniestralidad de 105,9 % y un déficit operativo de $10,2 billones. En términos simples, por cada $100 recibidos por las EPS, el gasto en atención llegaría a casi $106, antes de considerar los costos administrativos.
Para 2026 se definió un incremento promedio de la UPC de 12,94 %, con un aumento de 9,03 % para el régimen contributivo y de 16,49 % para el subsidiado. Según la ANDI, el régimen contributivo mantendría con ese ajuste una brecha cercana a $3,7 billones.
ANIF había calculado para 2025 una necesidad de incremento de la UPC de 16,4 %, frente al 5,36 % decretado. También estimó un déficit acumulado superior a $19,8 billones durante los tres años anteriores, aunque estas cifras corresponden a metodologías y periodos diferentes.
Mac Master pidió evitar una suma mecánica de esos cálculos. Su argumento es que, aunque las metodologías no son iguales, los análisis apuntan a una misma discusión: la diferencia acumulada entre los recursos disponibles y el costo efectivo de atender a los pacientes.
La definición del Presupuesto General de la Nación para 2027 tendrá ahora que incorporar este debate sobre financiación, aseguramiento e inversión. De las decisiones que adopte el Congreso dependerá la asignación final de recursos para el sistema y el margen financiero con el que enfrentará las necesidades de atención durante el próximo año.




