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La investigación disciplinaria busca establecer si hubo fallas en contratos, RIPS y recuperación de recursos públicos entre 2015 y 2022.
La Procuraduría abrió una investigación disciplinaria contra dos exrepresentantes legales de EMSSANAR EPS para establecer si una posible falta de gestión impidió recuperar más de $14.000 millones de recursos públicos. El proceso se relaciona con contratos, registros de servicios de salud y actuaciones administrativas de la entidad.
Los investigados son Juan Manuel Quiñones Pinzón y Luis Carlos Arboleda Mejía, quienes estuvieron al frente de EMSSANAR entre 2015 y 2022. La Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal busca determinar si durante sus respectivas administraciones se presentaron actuaciones u omisiones que afectaron el manejo de los recursos.
Uno de los puntos bajo revisión corresponde a contratos que no habrían sido liquidados oportunamente. El Ministerio Público también indaga por las circunstancias que rodearon la falta de recuperación de recursos que, según la información oficial, superarían los 14 mil millones de pesos.
La investigación incluye además la presunta falta de presentación de los Registros Individuales de Prestación de Servicios de Salud, RIPS. Estos documentos permiten soportar los servicios prestados a los usuarios y son utilizados en procesos de facturación, auditoría y control del dinero destinado al sistema de salud.
Para reconstruir lo ocurrido, la Procuraduría ordenó practicar pruebas documentales sobre los hechos investigados. Con esa información deberá establecer cuándo se produjeron las situaciones bajo análisis, cómo ocurrieron y qué actuaciones correspondían a los entonces representantes legales.
El proceso también deberá determinar si existió una relación entre las presuntas fallas administrativas y la no recuperación de los recursos públicos. La revisión abarcará tanto la gestión contractual como la documentación relacionada con los servicios de salud prestados.
Por ahora, la investigación disciplinaria sigue en curso y no establece responsabilidades definitivas contra los dos exrepresentantes. El Ministerio Público deberá analizar las pruebas antes de determinar si hubo alguna conducta disciplinariamente reprochable.
El resultado del proceso definirá si las actuaciones examinadas tuvieron consecuencias sobre el manejo de los recursos públicos de EMSSANAR y si existen responsabilidades individuales por la gestión realizada durante el periodo investigado.
