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La Fiscalía investiga el manejo de recursos destinados a la logística de las elecciones legislativas del 8 de marzo de 2026 en Riosucio, Chocó.
El alcalde de Riosucio, Chocó, Juan Moreno Mena, y cinco funcionarios de su administración fueron capturados por una investigación relacionada con el presunto manejo irregular de $200 millones destinados a la logística de las elecciones legislativas del pasado 8 de marzo. El operativo se realizó en Mutatá, Antioquia, en el Urabá antioqueño.
La investigación de la Fiscalía apunta a posibles irregularidades en los recursos destinados al transporte, alimentación, combustible y viáticos de jurados y delegados electorales. Según el ente acusador, los funcionarios habrían intervenido en el manejo de estos recursos mediante actuaciones que ahora son objeto de revisión judicial.
Entre los capturados también están Roberto Bayron Tipton Caicedo, secretario de Hacienda; Francisco Calvo Romaña, jefe de Presupuesto; y Wilmer Enrique Romaña Vargas, auxiliar administrativo. La lista la completan Jair García Rodríguez, coordinador de la Oficina de Gestión del Riesgo, y Ariel Alejandro Moreno Ayala, recaudador de impuestos.
Contratos fraccionados y documentos bajo investigación
Uno de los puntos centrales del expediente es el presunto fraccionamiento de la contratación. De acuerdo con la investigación, los recursos habrían sido distribuidos mediante varias partidas de menor cuantía, una actuación que habría evitado un proceso de selección con pluralidad de oferentes.
La Fiscalía también encontró inconsistencias en facturas y soportes relacionados con alimentación y combustible. Entre los elementos bajo análisis aparecen documentos con fechas que no coincidirían con la jornada electoral y cobros que, según los investigadores, presentarían diferencias frente a los precios reales.
Los investigadores revisan además los soportes utilizados para justificar supuestos pagos de viáticos a jurados electorales. La hipótesis de la Fiscalía es que parte de la documentación habría servido para respaldar gastos cuya ejecución real está en duda.
El calendario de las elecciones legislativas era conocido con anticipación, por lo que la investigación también examina cómo fueron planeados y presupuestados los gastos electorales dentro de la administración municipal. La Fiscalía busca establecer la responsabilidad individual de cada funcionario en las decisiones relacionadas con esos recursos.
Tres delitos fueron imputados
Un fiscal de la Unidad de Administración Pública de la Seccional Chocó presentó el caso ante un juez de control de garantías. A los procesados se les imputaron los delitos de peculado por apropiación, falsedad en documento privado y contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
La imputación no significa que los funcionarios hayan sido declarados culpables. La responsabilidad penal deberá definirse dentro del proceso judicial, mientras avanzan las audiencias para determinar las medidas de aseguramiento y las demás decisiones que correspondan.
El caso tiene una dimensión que trasciende las cuentas de la Alcaldía. Los recursos investigados estaban destinados a garantizar la operación de una jornada electoral en un municipio donde el transporte y la atención logística de los participantes resultan determinantes para el desarrollo de los comicios.
Ahora la justicia deberá establecer si los $200 millones fueron utilizados conforme a su destinación y quiénes tuvieron responsabilidad en las presuntas irregularidades. El resultado del proceso también determinará qué ocurrió con los recursos públicos asignados para garantizar la logística electoral en Riosucio.
