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Enrique Gómez propone mover esos recursos para crear despachos y atender el rezago de cerca de 2,2 millones de procesos pendientes.
El presidente Abelardo de la Espriella respaldó el 17 de septiembre la propuesta de trasladar $100.000 millones del presupuesto de funcionamiento de la JEP a la Rama Judicial dentro del Presupuesto General de la Nación de 2027. La iniciativa fue presentada por el senador y director de Salvación Nacional, Enrique Gómez Martínez, quien plantea destinar esos recursos a nuevos despachos y cargos judiciales.
Gómez radicó dos proposiciones para modificar la distribución de los recursos del sector Justicia. Su planteamiento busca que el dinero pase al Consejo Superior de la Judicatura para crear nuevos despachos o formalizar encargos dentro de la planta judicial.
El argumento del senador parte de la congestión que, según las cifras que cita, enfrenta la justicia ordinaria, con cerca de 2,2 millones de procesos pendientes de decisión. La propuesta pretende ampliar la capacidad de atención de los despachos frente a ese volumen de expedientes.
El respaldo del presidente
La iniciativa tomó mayor dimensión política después de que De la Espriella reaccionara públicamente al planteamiento de Gómez. El mandatario compartió la propuesta y respondió con una frase breve: “¡Publíquese, comuníquese y cúmplase!”.
La expresión representa un respaldo político a la iniciativa, pero no significa que el traslado de los recursos ya haya sido aprobado. La modificación todavía debe avanzar dentro del trámite legislativo del presupuesto y contar con las decisiones correspondientes de las autoridades presupuestales y del Congreso.
El Presupuesto General de la Nación para 2027 avanza con un monto global de $634,9 billones, aprobado por las comisiones económicas del Congreso. La distribución sectorial todavía forma parte del trámite presupuestal, escenario en el que pueden discutirse modificaciones como la planteada por Gómez.
La discusión sobre el presupuesto de la JEP
Gómez sostiene que una parte de los recursos asignados a la JEP debería dirigirse a la justicia ordinaria. En su argumentación cuestionó el costo acumulado de la jurisdicción y calificó sus resultados con términos como “desastrosos” y “lamentables”, además de referirse a ella como “la jurisdicción de la impunidad”.
Esas expresiones corresponden a la posición política del senador sobre la JEP. La propuesta concreta consiste en reducir $100.000 millones de su presupuesto de funcionamiento y trasladarlos al Consejo Superior de la Judicatura, con el propósito de aumentar la capacidad de la Rama Judicial.
La discusión también ocurre mientras la JEP enfrenta su propia definición presupuestal para 2027. Según reportó El País, el presidente de la jurisdicción, Alejandro Ramelli, ha advertido sobre un déficit superior a $125.000 millones frente a los recursos solicitados para cumplir su mandato, en un momento en que el tribunal avanza hacia su fase de juzgamiento.
¿Qué falta para que el traslado sea una realidad?
El respaldo presidencial no modifica por sí solo la asignación presupuestal. La propuesta deberá continuar su trámite en el Congreso y requiere que la modificación sea incorporada y aprobada dentro del Presupuesto General de la Nación de 2027.
El debate enfrenta dos necesidades presupuestales: la ampliación de la capacidad de la justicia ordinaria para atender procesos pendientes y la financiación de la JEP para cumplir las funciones que le asignó el Acuerdo de Paz de 2016.
En las próximas etapas del trámite presupuestal se definirá si los $100.000 millones cambian efectivamente de destinación. La decisión pondrá en discusión cuánto dinero recibe cada componente de la justicia colombiana y qué resultados espera el Estado de esos recursos durante 2027.
