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El Gobierno prepara la declaratoria tras el sismo de 7,4 grados, que deja 265 muertos, 496 desaparecidos y miles de familias afectadas.
El presidente Abelardo de la Espriella anunció una emergencia económica para enfrentar los daños provocados por el terremoto de 7,4 grados que golpeó al Eje Cafetero y el Pacífico el pasado 10 de agosto. La declaratoria fue anunciada este miércoles 12 de agosto, apenas días después de su llegada a la Casa de Nariño.
El balance de la tragedia sigue creciendo. 265 personas han muerto y 496 permanecen desaparecidas, mientras 3.494 resultaron heridas y unas 25.872 familias sufrieron afectaciones por el movimiento telúrico.
La emergencia también dejó daños severos en infraestructura. 150 edificios colapsaron, 1.819 centros educativos presentan averías y 179 centros de salud tienen fallas estructurales. Un puente peatonal también quedó destruido.
De la Espriella habla de una crisis fiscal
El mandatario justificó la decisión en la magnitud del desastre y en la situación financiera que, según dijo, atraviesa el Estado. De la Espriella aseguró que el terremoto ocurrió en medio de “la crisis fiscal más compleja de toda la historia republicana de nuestro país”.
El presidente afirmó que el Gobierno enfrenta un elevado nivel de endeudamiento, dificultades de liquidez y un presupuesto público que, según su diagnóstico, está desfinanciado. Esa situación, sostuvo, limita la capacidad de respuesta ante una emergencia de esta magnitud.
“Esta crisis tiene un impacto absolutamente terrible para nuestro país”, afirmó el mandatario al explicar la necesidad de adoptar medidas extraordinarias para atender a las comunidades afectadas.
Un fondo para recibir recursos nacionales e internacionales
Uno de los principales instrumentos que contempla la emergencia es la creación de un fondo especial para administrar los recursos destinados a la reconstrucción. De la Espriella lo denominó “fondo milagro” y aseguró que servirá para canalizar aportes nacionales e internacionales.
Los recursos estarían dirigidos a recuperar hospitales, centros educativos, viviendas, edificios y vías afectadas por el terremoto. También se contemplan subsidios de arrendamiento, alivios tributarios y medidas para reactivar el comercio en las zonas golpeadas.
La magnitud de la emergencia ya ha generado cooperación internacional. El Salvador envió cerca de 100 toneladas de ayuda humanitaria, mientras México aportó más de 58 toneladas para atender a las comunidades afectadas.
¿Qué implica una emergencia económica?
La emergencia económica es uno de los estados de excepción previstos por la Constitución de 1991 para responder a circunstancias graves que no puedan ser atendidas mediante los mecanismos ordinarios del Estado.
Durante su vigencia, el presidente puede expedir decretos con fuerza de ley relacionados directamente con la crisis. Para ello, deberá contar con la firma de todos sus ministros y justificar las medidas adoptadas frente a la situación excepcional.
El Congreso y la Corte Constitucional mantienen controles sobre la declaratoria. La Corte debe revisar automáticamente si la decisión se ajusta a la Constitución y si las medidas guardan relación directa con las circunstancias que originaron la emergencia.
La figura tiene límites. El Gobierno no puede utilizar el estado de excepción para cerrar el Congreso, modificar la separación de poderes o desconocer derechos fundamentales.
El Gobierno tendrá que justificar cada medida
La Constitución de 1991 estableció límites a los estados de excepción después de décadas en las que Colombia recurrió de manera frecuente a mecanismos extraordinarios de gobierno. Entre 1970 y 1991, el país permaneció alrededor de 206 meses bajo estados de excepción.
La emergencia que prepara De la Espriella tendrá que estar limitada en el tiempo y las decisiones que adopte el Ejecutivo deberán guardar relación directa con los daños ocasionados por el terremoto y sus consecuencias económicas y sociales.
El reto será convertir la declaratoria en recursos concretos para las familias. 25.872 hogares afectados, cientos de desaparecidos y miles de edificaciones averiadas ponen a prueba la capacidad de respuesta del nuevo Gobierno.
La prioridad inmediata será atender a los damnificados y recuperar servicios esenciales. Después vendrá una reconstrucción que exigirá recursos suficientes y controles institucionales para determinar si la emergencia económica logra acelerar la recuperación sin ampliar la crisis fiscal que el propio Gobierno señala como uno de los motivos de la declaratoria.
Sala Digital Colmundo
