Disidencias de las FARC, principal amenaza para la fauna silvestre en Colombia, según estudio de la JEP

¿Qué dice de nosotros como sociedad el hecho de que cada 30 minutos un animal inocente muera o quede herido por balas, minas o desplazamiento forzado?

El conflicto armado colombiano tiene una dimensión que ha permanecido en la penumbra durante décadas: la afectación sistemática sobre la fauna silvestre y doméstica del país. Un informe de la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), elaborado en conjunto con la Universidad de Essex del Reino Unido, acaba de cuantificar por primera vez ese impacto silencioso. El estudio, titulado *’Daños invisibles: la violencia contra animales en el conflicto armado en Colombia (2017-2026)’*, revela que entre 2017 y lo que va corrido de 2026, al menos 100.252 animales han resultado afectados por acciones vinculadas a la guerra. La cifra es aún más estremecedora cuando se traduce a una frecuencia temporal: “Cada 30 minutos un animal pierde la vida o queda gravemente herido a raíz del conflicto armado, lo que evidencia una afectación continua y no episódica”, señala el documento.

El documento señala las formas en que la violencia impacta a los animales y encuentra que una tercera parte de los casos corresponde a afectaciones directas por acciones armadas. “Esto incluye muertes o heridas causadas en medio de emboscadas, hostigamientos, enfrentamientos armados o ataques con drones”, detalla el estudio. Sin embargo, hay otro tipo de daño que resulta igualmente devastador y que refleja cómo la tragedia humana se extiende a otras especies: el 27% de los registros corresponde al abandono forzado de animales domésticos. Se trata de perros, gatos y otras especies de compañía que quedan a su suerte cuando sus cuidadores se ven obligados a desplazarse para salvar sus vidas. “Muchos animales mueren por inanición o quedan en condiciones de extrema vulnerabilidad. Este dato muestra cómo el desplazamiento forzado no solo afecta a las personas, sino que también rompe las relaciones de cuidado que sostienen la vida animal”, explica la JEP en sus conclusiones preliminares.

La investigación identificó que al menos 44 especies de animales silvestres se encuentran actualmente en peligro de extinción como consecuencia directa de las dinámicas del conflicto. El departamento de Antioquia, en el noroeste del país, concentra el mayor número de especies amenazadas. Allí, la convergencia entre grupos armados, economías ilegales y una riqueza ambiental excepcional ha puesto contra las cuerdas a aves endémicas como el arrierito antioqueño (Lipaugus weberi) y el paujil piquiazul (Crax alberti), así como a distintas variedades de ranas arlequín y al mono araña. El informe subraya que los impactos más intensos se registran precisamente en las zonas donde “la convergencia entre conflicto armado, economías ilegales y riqueza ambiental produce impactos más intensos”. Un caso crítico citado en el estudio es el del Parque Nacional Natural Farallones de Cali, en el suroccidente colombiano, identificado como una de las áreas protegidas más amenazadas del país. Especies como las ranas arlequín, las ranas de cristal y la serpiente del caño del Dagua enfrentan allí riesgos crecientes asociados a la minería ilegal, la producción de clorhidrato de cocaína y la deforestación descontrolada.

El informe de la JEP también pone nombres propios a los responsables de esta crisis ambiental. Señala que las disidencias de las antiguas FARC son “el grupo armado no estatal que más estaría amenazando a las especies de animales silvestres”. Dentro de estas organizaciones, el estudio apunta específicamente al Frente Jaime Martínez, coordinado por alias ‘Iván Mordisco’, como el actor con mayor incidencia en los territorios donde se concentran las especies en riesgo. Esta identificación de responsables busca no solo visibilizar el problema, sino también sentar las bases para eventuales procesos de reparación y no repetición en el marco de la justicia transicional. El reconocimiento de los animales como víctimas del conflicto representa un giro conceptual significativo en la manera como el Estado colombiano ha abordado las consecuencias de la guerra.

Por su parte, la senadora Esmeralda Hernández anunció que existe un proyecto de ley de su autoría que busca darle un marco legal a esta nueva perspectiva. La iniciativa, que ya fue aprobada en primer debate en la Comisión Quinta del Senado, persigue tres objetivos fundamentales. El primero es reconocer formalmente el carácter de víctimas de los animales en el conflicto armado colombiano. El segundo, establecer un ejercicio de memoria y reparación que incluya programas de conservación de especies amenazadas y de restauración de ecosistemas devastados por la guerra. “Que incluya programas de conservación de las especies en amenaza y que incluya programas de restauración de los ecosistemas que han sido terriblemente afectados y devastados por efectos de la guerra en Colombia”, explicó la congresista. El tercer eje de la propuesta legislativa es quizás el más novedoso: busca la prohibición expresa del uso de animales como armas trampa y como herramientas de guerra, una práctica que, aunque poco documentada, ha sido una constante en diversas regiones del país.

El proyecto de ley se encuentra actualmente a la espera de ser concertado para el segundo debate en la plenaria del Senado, un trámite que no ha estado exento de dificultades. Hernández hizo un llamado explícito al Congreso para que se abra la discusión sobre esta iniciativa, al tiempo que expresó su reconocimiento al trabajo adelantado por la JEP. “Un agradecimiento y un reconocimiento al trabajo que ha hecho la Jurisdicción Especial para la Paz para reconocer y para trabajar en una problemática que durante todas las décadas del conflicto interno de nuestro país ha sido completamente invisibilizada”, afirmó. La senadora subrayó que el informe ‘Daños invisibles’ constituye un insumo fundamental para avanzar en una conversación que durante más de seis décadas de confrontación armada fue sistemáticamente ignorada por el Estado, los actores del conflicto y la sociedad en su conjunto.

Los hallazgos de la JEP representan un hito en la comprensión de las múltiples dimensiones del conflicto armado colombiano. Al cuantificar el daño sobre la fauna —100.252 animales afectados en menos de una década, 44 especies al borde de la extinción, una afectación cada 30 minutos—, Esto no refiere meramente una tragedia ecológica, sino que también muestra la profunda interconexión entre la violencia contra los humanos y la violencia contra la naturaleza.

La investigación pone de presente que la guerra en Colombia no ha distinguido entre víctimas humanas y no humanas, y que la degradación ambiental acelerada por el conflicto tiene consecuencias que trascienden a las generaciones actuales. El estudio concluye que las zonas de mayor biodiversidad del país coinciden, de manera trágica, con los territorios donde la presencia de grupos armados ilegales y la explotación de economías ilícitas han sido más persistentes y destructivas.

Juan Joya