De economías ilícitas a centros de memoria: el nuevo enfoque de la SAE en el Día de las Víctimas.

¿Por qué  hasta este  2026 se lanza esta política si ya estaba en el SNARIV desde 2024?

En el marco de este martes 9 de abril,  donde se reconoce el día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armado, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) presentó una nueva política denominada ‘Activos para la Memoria’. Una iniciativa  que busca esos bienes que han pasado a manos del Estado, (muchos de ellos vinculados a economías ilícitas), sean utilizados como instrumentos de reparación simbólica, construcción de verdad y fortalecimiento del tejido social en las zonas más afectadas por la violencia en Colombia.

La SAE informó que, durante la administración de Amelia Pérez Parra, se han entregado siete inmuebles a organizaciones de víctimas y entidades estatales en ciudades como Bogotá, Medellín, San Carlos (Antioquia) y Cúcuta. Estos espacios ya están siendo utilizados por instancias como la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, la Fundación Mafapo, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD), el Instituto Nacional de Medicina Legal y asociaciones de mujeres víctimas, entre otros.

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“La administración de los bienes por parte de la SAE no puede ser solo un ejercicio técnico. Es, ante todo, un compromiso ético con las víctimas del país. Cada activo que transformamos en un espacio de memoria, de producción o de encuentro comunitario es una forma concreta de avanzar hacia la reparación y la no repetición”, afirmó Amelia Pérez Parra, presidenta de la SAE, durante el anuncio hecho este miércoles.

Uno de los casos destacados por la entidad es la entrega de un inmueble en Pance (Valle del Cauca) al Colectivo Justicia Racial, avaluado en 4.078 millones de pesos. Dicho espacio será destinado a procesos sociales y comunitarios, dentro de una estrategia que busca resignificar las huellas del dolor que dejó el conflicto armado en distintos territorios del país.

La política ‘Activos para la Memoria’ establece lineamientos concretos para que los activos incautados se conviertan en lugares de memoria, centros de encuentro comunitario, escenarios de investigación social y plataformas para la organización social. Con esto, la SAE busca que las comunidades afectadas por el conflicto puedan reconstruir sus historias y proyectar su futuro, más allá de la mera administración de bienes.

La entidad también presentó un balance de su gestión actual. Según los datos divulgados, el 65,6 % de las disposiciones de bienes se realizan mediante destinación provisional con fines sociales y productivos. Además, el 49,7 % de los activos entregados durante esta administración han sido para sujetos de especial protección constitucional, lo que incluye a víctimas y comunidades étnicas.

Otro de los indicadores revelados por la SAE muestra que el 46 % de las organizaciones postuladas en la convocatoria pública “Bienes que Transforman” cuentan con población víctima. Asimismo, el 43,9 % de las disposiciones se concentran en territorios priorizados por su afectación histórica por el conflicto armado.

La SAE enmarcó estas acciones en lo dispuesto por la Ley 2421 de 2024, que modificó la Ley 1448 de 2011 e incluyó a la entidad dentro del Sistema Nacional de Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV). De esta forma, la Sociedad de Activos Especiales se posiciona como un actor en la generación de valor público al vincular su gestión con los principios de justicia, dignificación y no repetición.

Juan Joya