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23 abril, 2026El director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, respondió a los señalamientos de Angie Rodríguez sobre un supuesto abandono en su esquema de seguridad. El funcionario aseguró que la gerente del Fondo Adaptación cuenta con medidas de protección activas desde enero de 2026 y rechazó cualquier insinuación de trato desigual frente a otros casos como el de Juliana Guerrero.
A través de un pronunciamiento oficial, la UNP negó que la funcionaria haya estado desprotegida en algún momento, señalando que “no es cierto que la funcionaria se encuentre o haya estado desprotegida”. Según explicó Rodríguez, Angie Rodríguez asumió su cargo el 23 de enero y, tras la solicitud formal, en apenas cinco días se aprobó un esquema de emergencia, el 28 de enero.
El director detalló que el esquema incluyó medidas complementarias como apoyo psicológico, acceso a la línea Vida 103 y recomendaciones preventivas, aunque indicó que algunas de estas alternativas no fueron requeridas por la funcionaria. “La doctora manifestó no necesitar ciertos apoyos, pues ya contaba con acompañamiento de la Policía”, precisó, subrayando que existe un acta firmada el 3 de febrero en la que se aceptan formalmente las medidas asignadas.
Rodríguez también enfatizó que el esquema otorgado tiene un nivel de cobertura similar al de altos funcionarios del Gobierno, destacando que su tamaño y capacidad son comparables a los de un ministro. En cuanto al financiamiento, explicó que se suscribió un convenio por 250 millones de pesos entre la UNP y el Fondo Adaptación, destinado a garantizar los recursos logísticos del esquema de seguridad.
Además, reveló que se incorporó un componente especial para desplazamientos en regiones, con un costo aproximado de 1,4 millones de pesos diarios. “Ni siquiera cuando viaja puede afirmarse que no tiene protección”, sostuvo el director, insistiendo en que las medidas han sido constantes y suficientes.
La controversia se intensificó tras las críticas de Angie Rodríguez sobre la rapidez con la que se habría otorgado protección a Juliana Guerrero. Sin embargo, Augusto Rodríguez aseguró que fue la propia funcionaria quien solicitó dichas medidas cuando hacía parte del DAPRE, afirmando que “la petición fue enviada por ella misma el 6 de marzo”. Incluso, señaló que en ese documento se adjuntaron enlaces y argumentos que sustentaban un posible riesgo.
“Aunque ahora sostiene que no existía riesgo, en su momento presentó elementos que justificaban la protección. Es una contradicción llamativa”, afirmó el director, cuestionando el cambio de postura de la funcionaria.
Finalmente, la UNP confirmó que se adelanta una nueva evaluación del nivel de riesgo de Juliana Guerrero, debido a que ya no ejerce funciones públicas y actualmente es considerada activista política. El resultado de este análisis determinará si se mantienen o ajustan las medidas de seguridad, en un caso que sigue generando debate sobre los criterios de protección estatal en Colombia.




