Tribunal multa a Gustavo Petro por no retractarse de acusar de “bandido” a gerente de Coosalud

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca confirmó una sanción contra el presidente Gustavo Petro por no retractarse ni ofrecer disculpas públicas al gerente de Coosalud EPS, Jaime Miguel González Montaño, a quien calificó de “bandido” en una intervención pública. La decisión judicial establece una multa millonaria por incumplir la orden de rectificación.

De acuerdo con el fallo, el mandatario deberá pagar 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes, equivalentes a 17 millones 509 mil pesos, tras la modificación de la sanción inicial que había sido fijada en 15 salarios. El tribunal determinó que el jefe de Estado no acató la orden judicial previa, relacionada con la protección de derechos fundamentales.

Orden judicial y plazo de pago

En una providencia de 19 páginas, la Sección Segunda – Subsección “F” ordenó que el pago de la multa se realice dentro de los cinco días siguientes a la notificación del fallo. Asimismo, advirtió que, en caso de incumplimiento, se iniciará un proceso de cobro coactivo por parte de las autoridades competentes.

En la decisión se lee que “se modifica la sanción impuesta”, manteniendo las demás determinaciones del fallo inicial, lo que ratifica la responsabilidad del mandatario en este caso específico.

Origen del caso: tutela por vulneración de derechos

La sanción es resultado de una acción de tutela interpuesta en 2025, mediante la cual se ampararon los derechos fundamentales al buen nombre, la honra y el debido proceso del gerente de Coosalud. El tribunal concluyó que las declaraciones del presidente vulneraron estos derechos, al no estar acompañadas de pruebas judiciales.

El caso se remonta a una intervención televisada en la que Petro afirmó que “se robaron la plata de Coosalud” y señaló que el entonces gerente era “un bandido”, declaraciones que fueron incluidas como prueba dentro del proceso.

Contexto de las declaraciones

En su intervención, el presidente también hizo referencia a la estructura directiva de la entidad, mencionando vínculos familiares con figuras políticas como Andrés Pastrana y Juan Manuel Santos. Estas afirmaciones fueron evaluadas por el tribunal dentro del análisis de la tutela.

Implicaciones del fallo

Aunque se trata de una sanción económica, la decisión tiene implicaciones políticas y jurídicas relevantes, al tratarse de un fallo contra el jefe de Estado por incumplimiento de una orden judicial. Además, refuerza la obligación de los funcionarios públicos de rectificar cuando se vulneran derechos fundamentales mediante declaraciones públicas.

El caso se suma a otros episodios que han generado debate sobre los límites del discurso oficial y la responsabilidad institucional, en un contexto donde la justicia exige mayor rigor frente a las afirmaciones de altos funcionarios.

Sala Digital Colmundo