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24 junio, 2026
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Una corte federal de apelaciones de Estados Unidos otorgó una importante victoria judicial al presidente Donald Trump al autorizar nuevamente el uso ampliado de las deportaciones aceleradas, una medida que permite expulsar inmigrantes sin audiencia ante un juez. La decisión revierte un bloqueo impuesto en 2025 y reabre el debate sobre los límites del debido proceso en materia migratoria.
El fallo fue emitido por un panel de tres magistrados del Tribunal de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia, que por mayoría de dos votos contra uno anuló la orden de una jueza federal que había suspendido temporalmente la aplicación de esta política. La decisión representa un respaldo clave a la estrategia migratoria impulsada por Trump y respaldada por sectores del movimiento MAGA, que consideran las expulsiones aceleradas una herramienta fundamental para reforzar el control migratorio.
¿Qué son las deportaciones aceleradas?
La expulsión acelerada es un mecanismo migratorio que permite deportar extranjeros sin la intervención de un juez de inmigración, procedimiento que durante casi tres décadas se aplicó principalmente a personas detenidas en la frontera o poco después de ingresar al país.
Sin embargo, desde enero de 2025, la Administración Trump amplió el alcance de esta figura para incluir a inmigrantes indocumentados localizados en cualquier punto del territorio estadounidense que no pudieran demostrar una permanencia continua de al menos dos años en el país. Como consecuencia, agentes migratorios comenzaron a detener personas incluso cuando acudían a tribunales para adelantar trámites relacionados con su situación migratoria.
Organizaciones denuncian afectaciones al debido proceso
La ampliación de esta política fue impugnada por la organización defensora de los derechos de los inmigrantes Make the Road New York, que argumentó que la medida vulneraba garantías constitucionales básicas.
Tras conocerse el nuevo fallo, representantes del grupo manifestaron que estudian nuevas acciones legales para continuar la batalla judicial. Según la organización, la decisión debilita el principio fundamental de que toda persona debe tener acceso a un proceso adecuado antes de ser expulsada por el Gobierno estadounidense.
Por su parte, el Departamento de Justicia defendió la legalidad de la medida y sostuvo que el bloqueo previo había privado a la Administración de una herramienta considerada esencial para enfrentar los altos niveles de inmigración irregular y agilizar los procesos de remoción.
Los argumentos que respaldaron la decisión
El fallo fue redactado por el juez Justin Walker, designado durante la primera administración Trump. En su análisis, el magistrado concluyó que los demandantes no lograron demostrar que la ampliación de las deportaciones aceleradas violara las garantías constitucionales del debido proceso.
Walker argumentó que los inmigrantes sujetos a este procedimiento reciben una notificación formal de la medida y cuentan con la posibilidad de responder y presentar pruebas que acrediten su permanencia continua en Estados Unidos durante al menos dos años.
Asimismo, sostuvo que la legislación no obliga a las autoridades migratorias a informar expresamente a los extranjeros que pueden evitar una deportación acelerada si cumplen con ese requisito de permanencia, señalando que exigirlo equivaldría a convertir a los funcionarios en asesores legales de los inmigrantes.
La posición fue respaldada por la jueza Neomi Rao, también nombrada por Trump, quien coincidió en que la política se ajusta al marco legal establecido por el Congreso.
Un voto disidente advierte riesgos para los migrantes
La decisión no fue unánime. El juez Robert Wilkins, designado por el expresidente Barack Obama, expresó su desacuerdo y alertó sobre los riesgos que implica aplicar deportaciones aceleradas a personas que residen en el interior del país.
Según su criterio, resulta insuficiente iniciar un proceso de expulsión sin verificar previamente cuánto tiempo lleva viviendo una persona en territorio estadounidense, especialmente cuando esa información puede determinar si el migrante tiene derecho o no a permanecer en el país.
Wilkins consideró que el procedimiento utilizado presenta deficiencias significativas para quienes han construido una vida dentro de Estados Unidos y podrían ser deportados de manera errónea.
La controversia por posibles deportaciones indebidas
La jueza federal Jia Cobb, quien había suspendido la política en 2025, argumentó que existían evidencias de un alto riesgo de errores en la aplicación de las deportaciones aceleradas. Durante el proceso se presentaron casos de personas que llevaban más de dos años viviendo en Estados Unidos y que, aun así, fueron expulsadas bajo este mecanismo.
No obstante, Walker sostuvo que esos episodios obedecen a incumplimientos individuales de algunos funcionarios y no a problemas inherentes a la política migratoria. El magistrado señaló que las irregularidades detectadas responden a fallas en la aplicación de la ley por parte de ciertos agentes y no a defectos en las directrices oficiales que regulan el procedimiento.
Además, enfatizó que el análisis judicial debía centrarse en determinar si la política escrita es legal o no, y no en evaluar casos aislados donde algunos funcionarios pudieron haber ejecutado incorrectamente las normas establecidas.
Otro fallo limita las facultades migratorias
La decisión favorable a Trump coincidió con otro pronunciamiento judicial emitido en California que estableció restricciones a las actuaciones migratorias dentro de los tribunales.
Un juez federal prohibió los arrestos de inmigrantes en las cortes migratorias y redujo de 72 a 12 horas el tiempo máximo de detención temporal de extranjeros, una medida que introduce nuevos límites a la actuación de las autoridades migratorias mientras continúa la disputa legal sobre el alcance de las políticas impulsadas por la Casa Blanca.
Con este nuevo escenario judicial, la política migratoria vuelve a ubicarse en el centro del debate nacional en Estados Unidos, especialmente cuando las deportaciones masivas continúan siendo uno de los principales pilares de la agenda del presidente Donald Trump.
Sala Digital Colmundo
Con información de Internet
