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El presidente Gustavo Petro anunció medidas contundentes tras el escándalo de una fiesta en la cárcel de Itagüí, que involucró a voceros de bandas criminales recluidos en ese penal. La decisión fue revelada durante un Consejo de Ministros realizado en el departamento de Nariño.
Durante su intervención, el mandatario confirmó el traslado de los implicados y fue enfático al señalar que “los señores que hicieron la fiestica salen de la cárcel y entran a otra, trasladados”, dejando claro que se pondrá fin a su permanencia en la cárcel La Paz de Itagüí.
La orden presidencial no solo implica el movimiento de los cabecillas, sino que también provocó la salida de algunos directivos regionales del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, en medio de cuestionamientos por fallas en el control interno del centro penitenciario.
El escándalo también tuvo efectos en el proceso de paz, pues la mesa de diálogos fue suspendida por decisión del Gobierno, mientras avanzan las investigaciones. Adicionalmente, se ordenó la suspensión de siete funcionarios del Inpec, presuntamente relacionados con las irregularidades.
De acuerdo con denuncias de los concejales Andrés Tobón y Claudia Carrasquilla, la celebración se habría organizado para conmemorar la salida de prisión de Sebastián Murillo Echeverry, alias “Lindolfo”, condenado a 18 años por homicidio.
El objetivo de Murillo Echeverry sería lograr que su participación en la mesa de diálogos sea reconocida como trabajo, lo que le permitiría reducir su pena, una posibilidad que ahora queda en entredicho tras la polémica.
Otro de los hechos que generó indignación fue el ingreso de al menos 16 vehículos de alta gama al centro carcelario, cuyos ocupantes, según las denuncias, no habrían sido sometidos a los controles de seguridad obligatorios, evidenciando graves fallas en los protocolos.
Con estas decisiones, el Gobierno busca marcar un precedente frente a irregularidades en centros penitenciarios, mientras crece el debate sobre los alcances de los procesos de paz y los beneficios otorgados a voceros de estructuras criminales.
