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24 septiembre, 2026
La exministra de Justicia Ángela María Buitrago habló en entrevista sobre las condiciones que debería tener un eventual sometimiento de miles de integrantes de grupos armados.
El sometimiento de grupos criminales requiere investigación individual, capacidad de la Fiscalía y coordinación con la Policía, según explicó la exministra de Justicia Ángela María Buitrago en una entrevista durante una emisión de noticias. La jurista sostuvo que no se puede plantear una entrega generalizada sin establecer previamente las responsabilidades de cada integrante.
Buitrago señaló que un proceso de esta magnitud tendría que contar con una infraestructura judicial preparada para recibir a quienes decidan someterse. En la conversación se habló de casi 19.000 personas en armas, aunque también existen estimaciones superiores a 23.000.
La exministra advirtió que no todas las personas se entregarían voluntariamente y que las autoridades deben investigar las redes, las estructuras y las modalidades de criminalidad antes de avanzar en cada caso. A su juicio, el sometimiento implica “investigación, acusación y condena”.
Buitrago pide que el proceso se tramite en la justicia ordinaria
Durante la entrevista, Buitrago sostuvo que el eventual sometimiento debería desarrollarse dentro de la justicia ordinaria y no mediante nuevos mecanismos de justicia transicional o excepcional.
Su planteamiento parte de la necesidad de contar con una Fiscalía fortalecida y una coordinación efectiva con la Policía para establecer qué estructuras continúan operando y cuáles son las responsabilidades concretas de sus integrantes. “La justicia debe ser una”, afirmó.
La exministra también señaló que existen organizaciones que podrían no acogerse a ningún proceso de sometimiento. En esos casos, planteó que las autoridades deben continuar con las investigaciones y buscar mecanismos para neutralizar las acciones criminales.
Entre los delitos mencionados durante la entrevista aparecen trata de personas, desaparición forzada y minería ilegal, dentro de lo que Buitrago describió como estructuras dedicadas al multicrimen. También señaló que algunas de estas organizaciones tienen conexiones con actividades criminales en otros países.
Fiscalía tendría que prepararse para una eventual entrega masiva
Uno de los puntos centrales de la entrevista fue la capacidad del aparato judicial para atender un eventual sometimiento de miles de personas.
Buitrago señaló que la Fiscalía cuenta con 5.800 fiscales y 3.800 integrantes del CTI, además de más de 27.000 empleados. Sin embargo, advirtió que estas instituciones ya tienen investigaciones en curso que no pueden quedar relegadas.
Por eso, consideró necesario preparar con anticipación la infraestructura para atender escenarios de 2.000, 5.000 o 10.000 personas sometidas. También planteó que las unidades de fiscales encargadas de estos procesos deberían contar con capacidad suficiente para garantizar el debido proceso.
La jurista sostuvo además que parte de la información sobre estas estructuras ya está documentada y que existen personas plenamente identificadas por las autoridades. En consecuencia, el proceso no debería depender exclusivamente de lo que cada integrante confiese después de entregarse.
¿Seis años de prisión para quienes se sometan?
Otro de los asuntos abordados fue la versión sobre una eventual pena de seis años para quienes se sometan a la justicia.
Buitrago respondió que no había escuchado esa propuesta en esos términos. Según lo que había conocido del ministro de Justicia, se contemplaría un derecho a rebaja y no privilegios automáticos, teniendo en cuenta la cantidad y gravedad de los delitos que puedan demostrarse.
La exministra mencionó una propuesta de rebaja del 30 % para cabecillas y del 50 % para la tropa, pero explicó que esos porcentajes tendrían que aplicarse según el conjunto de conductas por las cuales cada persona sea procesada.
Por esa razón, cuestionó que pueda establecerse de manera automática una pena de seis años. En la entrevista explicó que existen delitos con penas elevadas y que cada caso tendría que analizarse de acuerdo con los resultados de la investigación y las conductas aceptadas por el procesado.
También habló sobre el presupuesto de la JEP
La conversación incluyó la discusión sobre el presupuesto de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Buitrago sostuvo que esta jurisdicción tiene un marco constitucional y que las personas que se acogieron a ella tienen derecho a que sus procesos continúen bajo ese sistema.
La exministra reconoció que la JEP tiene un presupuesto elevado y que existen cuestionamientos sobre la duración y los resultados de algunos procesos. Sin embargo, señaló que una modificación presupuestal debe considerar las obligaciones pendientes y los derechos de las víctimas.
El antecedente de las Farc entra en la discusión
Ante la comparación con el proceso de paz y desmovilización de las Farc, Buitrago planteó una diferencia entre la justicia transicional y el tratamiento que deberían recibir actualmente las organizaciones criminales.
La exministra afirmó que continuar recurriendo a mecanismos transicionales puede terminar debilitando la justicia ordinaria. En su análisis, las víctimas y los territorios necesitan una respuesta efectiva frente a delitos como extorsiones, secuestros y desapariciones.
Buitrago sostuvo que la justicia transicional debe aplicarse dentro de determinados marcos y no convertirse, según su planteamiento, en un mecanismo para evitar la responsabilidad penal por delitos cometidos durante años. Su posición es que la justicia ordinaria debe mantener un papel central en estos procesos.
Suspensión de órdenes de captura tiene condiciones
Al cierre de la entrevista, Buitrago fue consultada sobre la posibilidad de suspender órdenes de captura mientras una persona permanece en un proceso de sometimiento.
Explicó que la Ley 2272 contempla esa posibilidad bajo determinados requisitos, entre ellos actos positivos de dejación de armas, desmovilización y regreso a la legalidad. También señaló que existen condiciones relacionadas con las denominadas Estructuras Organizadas de Alto Impacto.
El debate sobre el sometimiento queda así ligado a la capacidad de las instituciones para investigar, judicializar y hacer cumplir las decisiones. Para Buitrago, la eventual llegada de miles de integrantes de grupos criminales tendría que estar acompañada de una preparación previa de la Fiscalía, los jueces y las demás entidades que intervengan en el proceso, mientras continúan las investigaciones sobre quienes permanezcan en actividades criminales.
