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6 mayo, 2026- La exconsejera presidencial para las regiones, Sandra Ortiz, lanzó fuertes acusaciones en medio del proceso judicial por el escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD), al asegurar que habría sido presionada por la Fiscalía General para incriminar a exministros del Gobierno de Gustavo Petro. La exfuncionaria sostiene que su situación judicial no responde a criterios jurídicos, sino a motivaciones políticas.
Durante la audiencia, Ortiz afirmó que recibió advertencias directas por parte de un funcionario del ente acusador. Según relató, le habrían condicionado su situación judicial: “si usted no acusa a ministros y no tiene chats, la vamos a imputar y le vamos a dar una medida de aseguramiento”, una declaración que eleva la tensión en uno de los casos más sensibles del Gobierno.
La exfuncionaria reiteró que cuenta con documentos que respaldan su versión y que, desde ese momento, concluyó que el proceso tenía otro trasfondo. “Entendí que esto no era un tema jurídico, sino político. Lo digo abiertamente”, insistió, al tiempo que indicó que ha entregado la trazabilidad de sus actuaciones a su defensa.
En su intervención, Ortiz también sugirió que su vinculación al proceso podría estar relacionada con su cercanía al presidente Gustavo Petro. “Si es por haber trabajado con el presidente y me quieren condenar por eso, lo entiendo”, expresó, agregando que percibe una división en el ámbito judicial frente a su caso.
Niega cualquier vínculo con la contratación de la UNGRD
Frente a las acusaciones por presuntas irregularidades en la contratación de la UNGRD, la exconsejera fue enfática en negar cualquier responsabilidad. “Yo no tengo nada que ver, no era ordenadora del gasto ni asesora en esa entidad”, aseguró, rechazando cualquier relación con el manejo de recursos.
Ortiz anunció que su equipo legal presentará pruebas en la audiencia preparatoria para demostrar la trazabilidad de sus actuaciones. Además, cuestionó los señalamientos realizados por el exdirector de la entidad, Olmedo López, y el exsubdirector de Desastres, Sneyder Pinilla, al considerar que sus versiones no corresponden a la realidad de los hechos.
El caso continúa en desarrollo y podría tener implicaciones políticas y judiciales de alto impacto, en medio de un escenario donde las denuncias de presuntas presiones y la defensa de la independencia judicial se convierten en el centro del debate nacional.




