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La Fiscalía General de la Nación abrió una investigación formal contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez y lo citó a indagatoria dentro de un proceso relacionado con la masacre de El Aro y el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle, hechos considerados crímenes de lesa humanidad y que, por su naturaleza, no prescriben.
La decisión judicial revive uno de los expedientes más sensibles del conflicto armado colombiano, casi tres décadas después de los hechos ocurridos en el norte de Antioquia. La investigación busca establecer la posible responsabilidad del exmandatario en los delitos de homicidio en persona protegida y concierto para delinquir agravado, dentro de una causa que durante años ha transitado por distintos despachos judiciales y que ahora entra en una nueva etapa procesal.
Fue el propio Uribe quien confirmó la noticia a través de sus redes sociales. El exgobernador de Antioquia aseguró que conoció la decisión por medio de sus abogados y cuestionó el momento en que se produce la actuación judicial. “A enfrentar este suplicio a pocas horas de elecciones”, escribió en su cuenta de X, al considerar que la medida tendría un trasfondo político y electoral.
El exjefe de Estado también criticó el procedimiento adelantado por la Fiscalía y sostuvo que la funcionaria encargada del caso no había escuchado previamente su versión de los hechos. Según manifestó, la decisión de vincularlo formalmente al proceso se tomó sin haber recibido una declaración suya. Sin embargo, la indagatoria es una etapa procesal ordinaria mediante la cual la autoridad judicial recauda información y garantiza el derecho a la defensa, sin que ello represente una decisión definitiva sobre la responsabilidad del investigado.
La investigación tiene origen en una compulsa de copias emitida en octubre de 2025 por una jueza de Medellín. En esa decisión se solicitó investigar no solo a Uribe, sino también a su hermano, Santiago Uribe Vélez, y al general retirado Carlos Alberto Ospina, por presuntos vínculos con hechos relacionados con el paramilitarismo y posibles responsabilidades en graves violaciones a los derechos humanos.
La determinación surgió durante el proceso que concluyó con la condena del exsubdirector del DAS, José Miguel Narváez, señalado de ordenar el secuestro de la exsenadora Piedad Córdoba. En ese contexto, la jueza pidió profundizar en las investigaciones sobre los homicidios de los abogados y defensores de derechos humanos Jesús María Valle y Eduardo Umaña Mendoza, dos casos emblemáticos en la historia judicial del país.
Uno de los elementos centrales del expediente son los testimonios de antiguos integrantes de grupos paramilitares. Entre ellos figura Francisco Enrique Villalba Hernández, alias “Cristian Barreto”, quien declaró en 2008 que habría participado en una reunión entre comandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia, miembros de la fuerza pública y el entonces gobernador de Antioquia.
Según su versión, durante ese encuentro se habrían discutido acciones contra líderes y defensores de derechos humanos. Villalba aseguró bajo juramento que en la reunión estuvieron presentes figuras como Carlos Castaño, Salvatore Mancuso y otros integrantes de las estructuras armadas ilegales. El exparamilitar fue asesinado años después de rendir su testimonio, hecho que ha generado controversia alrededor de sus declaraciones.
Las declaraciones de Villalba coinciden con versiones posteriores entregadas por Mancuso ante la justicia. El exjefe paramilitar, quien actualmente se desempeña como gestor de paz, relató hechos similares durante una diligencia judicial realizada en 2009 cuando permanecía recluido en Estados Unidos, fortaleciendo una de las líneas investigativas del expediente.
De acuerdo con esos testimonios, la reunión se habría realizado en 1997 en la finca La Marranera, ubicada en Yumbo, Valle del Cauca. Uribe ha rechazado de manera categórica esas afirmaciones y ha insistido en que para la fecha señalada se encontraba realizando actividades académicas en la Universidad de Oxford, por lo que considera falsas las acusaciones en su contra.
La investigación también gira alrededor de las masacres de El Aro y La Granja, ocurridas en el municipio de Ituango durante la década de los noventa. La primera fue perpetrada entre el 22 y el 31 de octubre de 1997 por cerca de 150 paramilitares, mientras que la segunda se registró en junio de 1996 y dejó cinco víctimas mortales, la mayoría líderes sociales de la región.
Jesús María Valle se convirtió en una de las voces más críticas frente a las presuntas alianzas entre agentes estatales y estructuras paramilitares en Antioquia. El abogado denunció reiteradamente lo que consideraba omisiones institucionales frente a las masacres ocurridas en Ituango y advirtió sobre la gravedad de la situación de derechos humanos en la región.
El 27 de febrero de 1998, Valle fue asesinado en su oficina en Medellín por hombres armados. Su muerte se convirtió en uno de los casos más representativos de violencia contra defensores de derechos humanos en Colombia y continúa siendo objeto de investigaciones judiciales nacionales e internacionales.
Antes de su asesinato, Valle había dejado clara su posición frente a las denuncias que realizaba. “No me mueven odios contra el gobernador Álvaro Uribe Vélez o el comandante de la brigada”, expresó en una entrevista, subrayando que sus señalamientos respondían exclusivamente a su labor como defensor de derechos humanos y a su búsqueda de justicia para las víctimas.
Meses después, el 18 de abril de 1998, fue asesinado el abogado y defensor de derechos humanos Eduardo Umaña Mendoza, quien también adelantaba investigaciones sobre violaciones a los derechos humanos, paramilitarismo y posibles responsabilidades de distintos actores en el conflicto armado colombiano.
La relevancia jurídica de estos hechos radica en que tanto los homicidios de Valle y Umaña como los crímenes asociados a las masacres de Ituango fueron catalogados como delitos de lesa humanidad. Esta condición, reconocida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, implica que los casos no prescriben, permitiendo que sean investigados y juzgados sin importar el tiempo transcurrido.
Mientras avanza esta nueva etapa procesal, la Fiscalía deberá recaudar nuevas pruebas, escuchar la versión del expresidente y determinar si existen méritos suficientes para profundizar la investigación. El caso vuelve a poner bajo escrutinio judicial uno de los capítulos más controvertidos de la historia reciente de Colombia y reabre el debate sobre la responsabilidad de distintos actores estatales, políticos y armados durante los años más intensos del conflicto interno.
Sala Digital Colmundo
