“Se necesita una reforma estructural”: Defensora alerta deuda del sistema de salud de $33 billones

La crisis financiera del sistema de salud en Colombia vuelve a encender las alertas, con una deuda que oscila entre $24 y $33 billones y un gasto de bolsillo de los hogares que supera el 30 % en algunas regiones. Así lo advirtió la Defensoría del Pueblo, que propuso una reforma estructural para garantizar sostenibilidad, transparencia y acceso efectivo a los servicios.

Durante el evento académico sobre sostenibilidad financiera del sistema, la defensora Iris Marín Ortiz hizo un llamado contundente: “más allá de medidas coyunturales, es imprescindible avanzar hacia una reforma estructural del sistema de salud”. La funcionaria insistió en que la transformación debe basarse en una nueva gobernanza, con transparencia total, enfoque territorial y participación ciudadana vinculante.

A pesar de contar con altos niveles de financiamiento, el sistema presenta fallas estructurales persistentes. Más del 65 % de los recursos proviene de fuentes públicas y cerca del 86 % del gasto se concentra en el aseguramiento a través de la UPC, pero esto no se traduce en acceso efectivo ni calidad en la atención. En 2025, el país destinó cerca de $100 billones al sector salud, equivalente al 8,2 % del PIB, una de las cifras más altas de la región.

Uno de los puntos más críticos es el aumento del gasto de bolsillo. Este indicador pasó del 15,8 % en 2019 al 17,2 % en 2024, aunque en departamentos como Guaviare (35,6 %) y Arauca (35,12 %) supera el 30 %, muy por encima del límite recomendado por la OMS. Esto refleja que los usuarios están pagando de su propio dinero por fallas en la atención, demoras o negación de servicios.

El endeudamiento entre EPS, IPS y proveedores se consolida como uno de los principales focos de la crisis, con cifras que evidencian falta de transparencia y consistencia en la información financiera. Cerca del 73 % de la deuda corresponde a prestadores privados, mientras que el 27 % afecta a entidades públicas. Además, Nueva EPS concentra más de $9 billones, equivalente al 28 % del total, lo que agrava la situación.

Las consecuencias de esta falta de claridad son profundas: deterioro en la liquidez del sistema, dificultades en la planeación, tensiones entre actores y debilitamiento del derecho a la salud. A esto se suman deudas por cerca de $3 billones con operadores logísticos y farmacéuticos, lo que impacta directamente la entrega de medicamentos.

Las respuestas institucionales han sido calificadas como insuficientes y fragmentadas, incluyendo auditorías sin resultados concluyentes, estados financieros pendientes y el uso de la UPC para cubrir deudas pasadas. Según la Defensoría, estas medidas no resuelven el problema de fondo y podrían profundizar la crisis.

Frente a este panorama, la entidad ha impulsado acciones como intervenciones ante la Corte Constitucional, apoyo a procesos judiciales y llamados a estabilizar el flujo de recursos. La defensora reiteró que “la nueva gobernanza debe reducir la incertidumbre y definir responsabilidades claras, especialmente del sector privado”.

El debate sobre la reforma del sistema de salud se intensifica, en un contexto donde expertos, autoridades y organismos internacionales coinciden en la necesidad de cambios estructurales. La sostenibilidad, la equidad y la transparencia se perfilan como los pilares clave para evitar un colapso y garantizar el acceso efectivo a la salud en Colombia.

Humberto ‘Toto’ Torres