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12 junio, 2026Las operaciones adelantadas por la Fuerza Pública en la región del Catatumbo continúan generando resultados en medio de la compleja situación de orden público que enfrenta esta zona del país. En las últimas horas, tres integrantes de las disidencias de las FARC decidieron someterse a las autoridades, entre ellos un adolescente de 16 años de nacionalidad venezolana que habría sido reclutado por la organización ilegal en la frontera entre Colombia y Venezuela.
La desmovilización se produce en un contexto marcado por más de 17 meses de confrontaciones entre el ELN y las disidencias de las FARC, una disputa armada que ha provocado graves afectaciones a las comunidades de Norte de Santander y que ha obligado a intensificar la presencia del Ejército y la Policía en diferentes municipios del Catatumbo.
Un menor venezolano fue recuperado en Tibú
Uno de los casos que más llamó la atención de las autoridades corresponde al de un adolescente venezolano de 16 años que integraba la compañía Roque González, estructura que delinque en sectores como Pachelí y Guachimán, en zona rural de Tibú.
Según información oficial, el menor fue recuperado por tropas del Ejército Nacional en el kilómetro 1 de la vía que comunica con el municipio de Tibú. Una vez estuvo bajo protección de las autoridades, se activaron de inmediato los protocolos para el restablecimiento de sus derechos.
El teniente coronel Edwin Giovanny Fandiño, comandante del Batallón de Ingenieros Militares N.° 30, explicó que tras la recuperación del adolescente se coordinó su atención integral junto con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).
“En el kilómetro 1 de la vía que conduce al municipio de Tibú, el Batallón de Ingenieros Militares recuperó a un adolescente de 16 años, de nacionalidad venezolana. El joven manifestó haber pertenecido a la compañía Roque González de este grupo. De manera inmediata, las tropas activaron la ruta de atención para el restablecimiento de sus derechos, con acompañamiento del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y coordinaron su traslado humanitario hacia la ciudad de Cúcuta”, señaló el oficial.
Actualmente, el menor permanece bajo custodia del ICBF, entidad encargada de garantizar su protección y acompañamiento psicosocial tras su salida del grupo armado ilegal.
Dos presuntos integrantes de la Estructura 33 también se entregaron
De manera paralela, dos hombres de 20 y 22 años, ambos de nacionalidad venezolana, decidieron someterse voluntariamente ante tropas del Ejército Nacional en zona rural de Tibú.
De acuerdo con las autoridades, los dos hombres habrían hecho parte de la Estructura 33, columna Jorge Suárez Briceño, una de las organizaciones armadas ilegales que opera en esta región bajo el mando de alias Danilo.
El coronel Fandiño indicó que uno de los desmovilizados llevaba cerca de seis años vinculado a la estructura criminal, mientras que el otro habría permanecido más de tres años y medio en sus filas.
“De acuerdo con la información suministrada, ambos habrían pertenecido a la Estructura 33, columna Jorge Suárez Briceño, bajo el servicio de alias Danilo. Uno de ellos llevaba aproximadamente seis años en la estructura criminal y el otro más de tres años y medio”, precisó el comandante del Batallón de Ingenieros Militares.
Tras su sometimiento, las autoridades activaron los protocolos establecidos junto al Grupo de Atención Humanitaria al Desmovilizado y Apoyo al Sometimiento a la Justicia para avanzar en su proceso de reincorporación.
Familias siguen denunciando reclutamiento de menores en la región
Mientras las autoridades destacan estos resultados operacionales, las denuncias por presunto reclutamiento forzado de menores continúan generando preocupación en el Catatumbo.
Uno de los casos más recientes es el de Mónica Lizeth Beltrán, una adolescente de 13 años desaparecida desde el pasado 2 de abril en una zona rural de Tibú.
Según denunció Olguín Mayorga, representante de las víctimas del conflicto, hombres armados ingresaron a una vivienda ubicada en un corregimiento de Bertrania, en límites entre Tibú y El Tarra, y obligaron a la menor, estudiante de séptimo grado, a abandonar el lugar.
Más de dos meses después de su desaparición, la familia asegura que no tiene información sobre su paradero y continúa solicitando la intervención de las autoridades y de los organismos humanitarios para lograr su regreso sano y salvo.
La situación evidencia que, pese a los avances operacionales de la Fuerza Pública y las recientes desmovilizaciones, el reclutamiento de menores sigue siendo una de las principales preocupaciones humanitarias en la región del Catatumbo, donde cientos de familias permanecen expuestas a las consecuencias del conflicto armado.
Sala Digital Colmundo




