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La Fiscalía rastreó más de 631.000 operaciones de una red de extorsión desde La Picota que usaba perfiles falsos y amenazas para exigir dinero a sus víctimas.
Una red de extorsión desde la cárcel La Picota, en Bogotá, habría obtenido más de $4.900 millones mediante engaños, amenazas y estafas telefónicas, según una investigación de la Fiscalía General de la Nación. Tres personas señaladas de participar en el movimiento del dinero fueron capturadas y enviadas a prisión.
La investigación señala como presunto articulador a Fabián Viracachá Ballén, alias ‘El Don’ o ‘Pluma’, quien permanece privado de la libertad. Desde el pabellón 6 de La Picota, habría mantenido el control criminal y financiero de una estructura con conexiones dentro y fuera de centros penitenciarios.
El esquema comenzaba con llamadas y contactos realizados desde prisión. Para operar, los integrantes de la organización habrían accedido ilegalmente a celulares, servicios de datos y aplicaciones financieras, burlando los controles establecidos en los establecimientos carcelarios.
Perfiles falsos en WhatsApp para extorsionar a las víctimas
Una de las modalidades consistía en crear perfiles falsos de mujeres en WhatsApp para ofrecer supuestos servicios sexuales. Después, la red utilizaba fotografías obtenidas de redes sociales o realizaba montajes con los que intimidaba a las víctimas.
Los señalados amenazaban con divulgar el material o realizar acusaciones relacionadas con delitos sexuales si la persona contactada no transfería dinero. Después del primer pago, las amenazas aumentaban para conseguir nuevas consignaciones.
La Fiscalía estableció que internos serían reclutados y entrenados para realizar llamadas masivas a potenciales víctimas en distintas regiones del país. Parte de los recursos regresaba a través de consignaciones de bajo monto que tendrían como destinatario a alias ‘El Don’.
Viracachá Ballén, postulado ante la Jurisdicción Especial para la Paz como exintegrante de las extintas Farc, cumple una condena de 38 años de prisión por el crimen de un integrante de la Policía Nacional y otras conductas ilícitas.
Fiscalía siguió más de 631.000 movimientos financieros
La investigación se originó en un Reporte de Operación Sospechosa y llevó a los investigadores a examinar más de 631.000 operaciones financieras. También fueron documentadas 43 noticias criminales relacionadas con denuncias y reportes de víctimas.
El seguimiento permitió reconstruir el recorrido del dinero desde billeteras digitales y cuentas de terceros. Los recursos eran distribuidos entre integrantes de la organización, retirados en efectivo y, según la Fiscalía, utilizados para comprar inmuebles, vehículos y otros activos.
Las autoridades detectaron además un presunto esquema para ocultar por lo menos $2.000 millones en menos de cuatro años. Parte de las ganancias habría servido para mantener el control dentro de la cárcel y facilitar el ingreso y comercialización de estupefacientes, bebidas alcohólicas y otros elementos prohibidos.
Familiares de alias ‘El Don’ fueron enviados a prisión
La Fiscalía sostiene que la estructura también estaría integrada por familiares de Viracachá Ballén. Su esposa, su hijo y su hijastra presuntamente facilitaron el movimiento de recursos y la adquisición de bienes con dinero proveniente de las actividades investigadas.
Servidores del CTI, con apoyo de la DIJIN, capturaron a Bibiana Paola Montañez Rozo, Helim Yareyth Clavijo Montañez y Michael Stiven Viracachá Pérez. Un fiscal les imputó, según su presunta participación, delitos como lavado de activos, enriquecimiento ilícito, amenazas, concierto para delinquir y suplantación de identidad. Los tres recibieron medida de aseguramiento en centro carcelario.
La investigación permitió identificar seis inmuebles y cuatro vehículos ubicados en Bogotá, Soacha, Facatativá, Fusagasugá, Viotá y Restrepo, Meta. La Fiscalía solicitará medidas cautelares sobre estos bienes con fines de comiso.
El nuevo proceso contra Viracachá Ballén seguirá mientras permanece en prisión. La ruta de los más de $4.900 millones será ahora una pieza central del caso, que también pone bajo la lupa el acceso ilegal a comunicaciones y servicios financieros desde establecimientos penitenciarios.
Sala Digital Colmundo
