Nueva reforma tributaria por $16 billones: el plan del Gobierno tras el hundimiento de la emergencia económica.

¿Se está cambiando el debate por el recorte de gasto público  por un aumento de impuestos, y eso realmente alivia a los ciudadanos?

El Gobierno nacional ya tiene definido el camino que tomará después de que la Corte Constitucional tumbara el Decreto 1390, aquel con la que declaraba la emergencia económica el 22 de diciembre de 2025. No habrá recortes en el gasto social ni en los programas dirigidos a comunidades vulnerables. La apuesta, confirmada por el ministro de Hacienda, Germán Ávila, es una nueva reforma tributaria, bautizada internamente como Ley de Financiamiento, con la que esperan recaudar alrededor de $16 billones.

La noticia se conoció en medio de una entrevista del jefe de la cartera con Blu Radio, donde explicó que las medidas que estaban contenidas en el decreto fallido no se perderán, sino que serán trasladadas al Congreso de la República. “Las iniciativas que allí estaban planteadas las vamos a plantear nuevamente en el Congreso. Presentaremos una propuesta de reforma tributaria (…) creemos que en el orden de $16 billones estará la propuesta”, afirmó Ávila, dejando claro que el Ejecutivo no se da por vencido en su intento de aumentar el recaudo.

Lo que llama la atención  de esta nueva cifra, es que supera en $5 billones los $11 billones que se habían proyectado inicialmente dentro del decreto de emergencia. Es decir, el Gobierno no solo repesca las ideas que la Corte les frenó, sino que amplía la mira. ¿La razón de fondo? El ministro fue preciso al señalar que la necesidad de recursos responde, en gran medida, al déficit heredado del gobierno anterior, específicamente el relacionado con el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), un billonario deficit que, según sus cuentas, le ha costado al Ejecutivo cerca de $79 billones del Presupuesto General.

En medio de este escenario, el presidente Gustavo Petro había sugerido evaluar recortes al gasto público, pero Ávila se encargó de acotar esa posibilidad. Los ajustes, explicó, no afectarán los programas sociales ni los proyectos enfocados en las comunidades más desfavorecidas. En cambio, el Gobierno pondrá la lupa sobre las iniciativas de infraestructura y otro tipo de inversión pública, donde buscarán hacer ajustes para aliviar la caja nacional. La decisión, en todo caso, implica trasladar la discusión más espinosa al Congreso: allí se revivirán propuestas que ya habían generado controversia en el pasado, como la sobretasa al sector financiero, el aumento de impuestos a los licores y un nuevo gravamen a los cigarrillos.

Pero el debate fiscal no es el único frente que tiene abierto el ministro Ávila. En las mismas declaraciones, el jefe de la cartera criticó  la política monetaria del Banco de la República, específicamente contra la decisión de la Junta Directiva del Emisor de mantener la tasa de interés en el 11,25%. A su juicio, esa medida no resuelve los choques externos que hoy afectan a la economía colombiana, como el alza en los precios de los fertilizantes y los combustibles derivada de la guerra en Medio Oriente.

Ávila fue más allá y advirtió que la persistencia de una tasa tan alta podría tener efectos concretos sobre el bolsillo de los colombianos y la dinámica empresarial. Según sus cálculos, esta política restrictiva podría mermar el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) en un 0,36% y elevar la tasa de desempleo en 0,18%, sin mencionar el impacto en los costos de producción de diversos sectores. Por esa razón, el Gobierno ha propuesto la creación de un foro de discusión que abra el diálogo sobre política monetaria a otros sectores productivos y a líneas de pensamiento distintas a las que hoy predominan en la Junta Directiva del Emisor. Sobre su eventual asistencia a la próxima reunión del Banco, el ministro no confirmó nada, aunque dejó abierta la posibilidad.

En cuanto al panorama macroeconómico actual, los números que maneja el Ministerio de Hacienda describen una coyuntura compleja pero manejable, según la visión del Ejecutivo. La deuda pública se ubica actualmente en el 58,5% del PIB, un nivel que el Gobierno considera bajo control gracias a la diversificación de acreedores. La inflación de marzo, por su parte, fue impulsada principalmente por tres factores: el aumento en los precios de los alimentos, los servicios de energía y el comportamiento del sector de restaurantes y hoteles. Y en materia de crecimiento, el Ejecutivo alerta sobre una desaceleración inducida, en gran medida, por los altos costos de producción y la política restrictiva del Emisor.

Frente a la reciente rebaja en la calificación de riesgo de Colombia por parte de S&P Global Ratings, el ministro Ávila optó por restarle importancia al anuncio. “Son muchos los países a nivel global los que están teniendo reducción, esto es lógico en el contexto global que estamos viviendo”, concluyó. En todo caso, el jefe de la cartera dejó claro que la nueva reforma tributaria que se presentará al Congreso tiene, entre otros objetivos, el de enviar un mensaje de sostenibilidad fiscal a las agencias calificadoras, para llegar a estabilizar la percepción de inversión en el país.

Se espera, por ahora, lo siguiente:  que el el Gobierno radiqué  el articulado de la Ley de Financiamiento en el Congreso con mensaje de urgencia en las próximas semanas. Con ese movimiento, la discusión sobre los $16 billones se trasladará al Legislativo, donde el oficialismo deberá reconfigurar sus  mayorías para sacar adelante una reforma que, en el pasado, ya había demostrado ser un campo minado. Lo que parece claro, por ahora, es que la estrategia del Ejecutivo no pasa por el silencio ni por los recortes dolorosos en lo social, sino por una nueva ofensiva fiscal que tendrá su primer gran examen en el debate público y parlamentario.

Juan Joya