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El ministro de Defensa presentó resultados de los primeros 45 días de Gobierno y defendió la legalidad de los ataques aéreos.
El ministro de Defensa, general (r) Jorge Mora, defendió ante la Cámara de Representantes las operaciones militares ejecutadas durante los primeros 45 días del Gobierno de Abelardo De la Espriella, durante el debate de moción de censura realizado este martes 22 de septiembre. La sesión estuvo marcada por los cuestionamientos al ataque aéreo en Guaviare en el que murieron tres menores de edad.
Mora presentó un balance de resultados de la Fuerza Pública y afirmó que las operaciones contra estructuras armadas responden a labores previas de inteligencia y a decisiones adoptadas dentro de la cadena de mando. Según el ministro, 28 cabecillas fueron afectados y 43 menores recuperados durante este periodo.
El funcionario también reportó 25 personas secuestradas rescatadas, 95 toneladas de cocaína incautadas y más de 23.000 capturas. Con estas cifras, defendió la estrategia de seguridad del Gobierno frente a los cuestionamientos que enfrenta en el Congreso.
Mora explica cómo se autorizan los ataques aéreos
Uno de los puntos centrales del debate fue la operación realizada el 27 de agosto en zona rural de El Retorno, Guaviare, contra una estructura vinculada a las disidencias de alias ‘Calarcá’. Medicina Legal confirmó que recibió diez cuerpos relacionados con la Operación Amón y estableció que tres de los identificados eran menores de edad.
Ante la Cámara, Mora insistió en que el término utilizado por el Gobierno es “ataque aéreo estratégico” y explicó que este tipo de acción requiere una decisión de la máxima instancia estratégica. Antes de ejecutarla, agregó, las autoridades revisan la información de inteligencia disponible.
El ministro sostuvo que la Fuerza Pública tenía información sobre una estructura considerada una amenaza y señaló que los enfrentamientos entre organizaciones de alias ‘Mordisco’ y ‘Calarcá’ habían dejado 48 muertos en Guaviare, incluidos 11 menores, según el balance presentado durante la sesión.
El Gobierno sostiene que actuó bajo el DIH
La presencia de menores en los campamentos atacados concentró buena parte de las críticas. Mora respondió que la actuación militar debe analizarse bajo las reglas del Derecho Internacional Humanitario (DIH) y sostuvo que la edad no determina por sí sola la condición de una persona dentro de las hostilidades.
“Nosotros no estamos violando ni la ley ni la Constitución ni mucho menos el DIH”, afirmó el ministro. Luego sostuvo que el marco jurídico permite atacar a una persona que se encuentre en “función continua de combate”, independientemente de su edad.
Mora insistió en que el objetivo de las operaciones no son los menores. “La acción de la fuerza pública nunca está orientada contra un menor de edad. Está orientada hacia un informe de inteligencia que establece que hay combatientes en función continua de combate”, dijo ante los representantes.
Las alertas tempranas entran en la discusión
Otro de los asuntos abordados fue el papel de las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo. El ministro señaló que existen más de 368 alertas en el país, pero afirmó que muchas no contienen coordenadas suficientemente precisas para impedir automáticamente una operación militar.
La posición expuesta por Mora es que esas alertas sí hacen parte del análisis operacional, pero no constituyen por sí mismas una prohibición para actuar contra una estructura armada. El debate sobre su alcance quedó ligado a las preguntas sobre qué información tenían las Fuerzas Militares antes del ataque.
La Operación Amón mantiene abierta la controversia
La Operación Amón dejó diez personas muertas, una persona capturada y un menor recuperado con vida, de acuerdo con los reportes oficiales y forenses divulgados después del operativo. Medicina Legal estableció que entre los cuerpos identificados había dos adolescentes de 15 años y uno de 16.
El caso también se conecta con otro ataque aéreo realizado en agosto contra una estructura del ELN en Catatumbo, donde murió otro menor. Por eso, el debate en el Congreso no se limita a la operación del Guaviare, sino que alcanza los criterios utilizados para autorizar ataques aéreos cuando existe riesgo de presencia de niños, niñas y adolescentes.
La discusión continuará en el Congreso y en los escenarios judiciales que revisan las condiciones de estas operaciones. La controversia sobre inteligencia previa, protección de menores y aplicación del DIH seguirá siendo uno de los principales puntos de control sobre la estrategia militar del Gobierno.
Sala Digital Colmundo
