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15 abril, 2026¿Por qué una empresa que embotella y vende agua puede tener acceso a manantiales mientras en algunas veredas del mismo municipio el racionamiento es cada vez más frecuente?
La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) blindó la discusión sobre el futuro de la concesión de agua para la embotelladora de Coca-Cola en el municipio de La Calera. Tras más de un año de estudios técnicos y presión de las comunidades locales, la entidad decidió renovar el permiso, pero con condiciones mucho más estrictas, que reducen de manera significativa el acceso al recurso hídrico en la zona.
La decisión quedó formalizada en la Resolución 50267000347, en la que la autoridad ambiental confirmó que la empresa Industria Nacional de Gaseosas S.A.S. (Indega) podrá continuar operando, pero ya no sobre los siete manantiales que explotaba desde hace décadas. De acuerdo con el nuevo fallo, la CAR negó la prórroga para los manantiales cinco, seis y siete, ubicados en el predio Los Cerritos. La concesión solo se mantendrá para los cuatro pozos restantes, situados en el predio San José.
El recorte no se limitó a la cantidad de fuentes de agua. El volumen de captación autorizado también sufrió una disminución drástica: el caudal máximo pasó de 3,23 litros por segundo a solo 1,9 litros por segundo, lo que representa una reducción cercana al 42 %. Para ponerlo en perspectiva, el permiso anterior, vigente desde 2014, permitía extraer casi el doble del líquido que la empresa podrá captar de ahora en adelante.
“La decisión que hemos tomado es negar la prórroga sobre los manantiales cinco, seis y siete y autorizar la prórroga solamente por el término de cinco años, haciendo una reducción de caudal de 3,23 a 1,9 litros por segundo, sujetos al cumplimiento de unas medidas de compensación para garantizar la sostenibilidad del recurso hídrico en esta microcuenca”, explicó en entrevista el director de la CAR, Alfred Ballesteros.
Otro de los cambios de fondo tiene que ver con el tiempo de vigencia del permiso. Mientras que las concesiones de este tipo podían extenderse hasta por una década, la nueva autorización se limitó a un periodo de cinco años. Una vez transcurrido ese plazo, la CAR realizará una nueva evaluación para determinar si es viable renovar la concesión, teniendo en cuenta factores como el estado de las fuentes hídricas y las condiciones climáticas. Además, en caso de fenómenos como El Niño o sequías extremas, la empresa deberá suspender la captación de inmediato.
Ballesteros fue enfático al señalar que la prioridad en el uso del agua es el consumo humano y que la medida busca equilibrar la actividad económica con la protección del recurso, en lugar de castigar a la industria. “Yo no diría que hay golpes… los sectores productivos tienen un derecho al acceso a los recursos naturales, pero también tienen que contribuir de forma importante a garantizar la sostenibilidad de los recursos naturales y, en este caso, del recurso hídrico”, afirmó el funcionario.
Como parte de las nuevas condiciones, la embotelladora deberá instalar sistemas de medición en tiempo real, con monitoreo del IDEAM, para vigilar que no se supere el caudal autorizado. También tendrá que implementar un plan de compensación ambiental mucho más riguroso. La exigencia más relevante en este punto es la adquisición de más de 53 hectáreas en ecosistemas estratégicos, específicamente en páramos y zonas altoandinas, con el fin de garantizar su conservación a perpetuidad.
Adicionalmente, la empresa deberá ejecutar obras hidráulicas para mejorar el abastecimiento de los acueductos locales, una medida que busca beneficiar directamente a las comunidades cercanas. La información sobre cuánta agua utiliza mes a mes deberá ser reportada anualmente, y con base en esos datos se calculará el cobro por el uso del recurso, en línea con la normativa ambiental vigente.
El caso de los manantiales de La Calera no es nuevo. La explotación de estas fuentes por parte de la embotelladora se remonta a la década de 1980, y la concesión que expiró en 2024 había sido objeto de cuestionamientos por parte de comunidades y sectores ambientales, que denunciaban posibles impactos en el abastecimiento local. La decisión de la CAR se tomó tras un análisis técnico integral, que incluyó estudios hidrogeológicos, modelaciones de balance hídrico, evaluación de la variabilidad climática y procesos de participación con la comunidad, autoridades locales y organismos de control.
Juan Joya




