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Tres resoluciones expedidas el 9 de septiembre modifican los mecanismos de diálogo con el ELN y el Clan del Golfo y ordenan cerrar una zona temporal en Putumayo.
El Gobierno de Abelardo de la Espriella expidió este 9 de septiembre tres resoluciones que cambian el esquema de diálogo con el ELN y el Clan del Golfo y ordenan el cierre de una zona de ubicación temporal en el Valle del Guamuez, Putumayo.
Las decisiones revocan las delegaciones oficiales que participaban en las conversaciones con ambos grupos armados y fijan para el 30 de septiembre de 2026 el cierre de la Zona para la Capacitación Integral y Ubicación Temporal del Valle del Guamuez.
Cierra zona de ubicación en Valle del Guamuez
La Resolución 389 ordena terminar la zona de ubicación creada para facilitar procesos de capacitación y permanencia temporal. Según el Gobierno, para el 30 de septiembre estarán cumplidas las condiciones materiales previstas en el acuerdo firmado en diciembre de 2025.
El cierre tendrá un componente institucional. La Oficina del Consejero Comisionado de Paz deberá coordinar un Plan Interinstitucional de Cierre y Transición con la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, Migración Colombia y el Ministerio de Relaciones Exteriores.
La resolución también será comunicada a la Fiscalía General de la Nación y a la Policía Nacional para que adopten las medidas judiciales correspondientes.
El documento establece además un límite a las funciones del Consejero de Paz: no podrá decidir sobre la vigencia, levantamiento o ejecución de órdenes judiciales, asuntos que permanecen en manos de las autoridades competentes.
Gobierno retira sus delegados ante el Clan del Golfo
La segunda resolución, la 390, afecta el espacio de conversación sociojurídica con el Ejército Gaitanista de Colombia, EGC, conocido como Clan del Golfo.
El Ejecutivo revocó la designación de Álvaro Jiménez Millán, coordinador de los representantes del Gobierno, y de María Gaitán Valencia, Armando Custodio Wouriyu, Víctor Negrete Barrera y Águeda Plata Gómez.
La decisión deja sin efecto la Resolución 257 de julio de 2024, mediante la cual habían sido designados los representantes estatales.
En términos políticos, el Gobierno retira a su equipo oficial de este espacio de conversación sociojurídica y deja abierta la posibilidad de redefinir el mecanismo de interlocución con esa organización armada.
También revocan toda la delegación ante el ELN
La tercera resolución, la 391 de 2026, ordena la revocatoria de la delegación gubernamental que participaba en la Mesa de Diálogos de Paz con el Ejército de Liberación Nacional.
La medida cobija a la jefa de la delegación, Vera Grabe Loewenherz, y a los demás representantes designados, entre ellos María José Pizarro, Olga Lilia Silva, Iván Cepeda, Rodrigo Botero, Horacio Guerrero, Carlos Alberto Rosero, José Félix Lafaurie, Nigeria Rentería, Mabel Lorena Lara y María Jimena Duzán.
El Gobierno fundamentó la decisión en la falta de condiciones de confianza y de verificación de una voluntad efectiva de paz, en medio de los hechos de violencia atribuidos al ELN y de la situación registrada en regiones como el Catatumbo.
La resolución, por tanto, no plantea simplemente un cambio de integrantes. Revoca formalmente el mandato de toda la delegación gubernamental que participaba en la mesa.
Tres resoluciones y un cambio en la política de paz
Las resoluciones 389, 390 y 391 fueron expedidas el mismo día y producen efectos sobre tres instrumentos distintos de la política de paz: una zona de ubicación temporal y los espacios de conversación con el Clan del Golfo y el ELN.
El movimiento representa una revisión del modelo de interlocución que venía aplicando el Gobierno anterior y modifica las condiciones bajo las cuales el Estado mantenía conversaciones con estas estructuras armadas.
El cambio tendrá efectos especialmente en los territorios donde operan el ELN y el Clan del Golfo. Allí, las decisiones administrativas deberán convivir con una realidad de seguridad que seguirá dependiendo de la capacidad de las autoridades para contener la violencia y proteger a la población.
Por ahora, el escenario queda definido por dos hechos concretos: las delegaciones oficiales ante el ELN y el Clan del Golfo fueron revocadas, mientras la zona de ubicación del Valle del Guamuez tiene como fecha de cierre el 30 de septiembre.
El siguiente paso será determinar si el Gobierno establece nuevos canales de interlocución o si endurece su estrategia de seguridad frente a estas organizaciones. La respuesta de los grupos armados y la situación en las regiones donde mantienen presencia marcarán el alcance real de este giro en la política de paz.
Sala Digital Colmundo
