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El Gobierno explicó que solo podrán portar armas quienes tengan permisos vigentes y cumplan las condiciones previstas por la ley.
El Gobierno aclaró las condiciones del decreto sobre el porte de armas en Colombia, luego de la polémica generada por el anuncio del presidente Abelardo De La Espriella de levantar la suspensión general. El vocero gubernamental, Miller Soto, precisó que la medida no autoriza el porte libre y que los ciudadanos deberán mantener vigentes sus permisos y cumplir las exigencias legales.
“Levantar la suspensión general no es autorizar el porte libre de armas”, explicó Soto. Según el funcionario, el decreto restablece la eficacia de los permisos individuales que se encuentren vigentes y cumplan las condiciones establecidas por la ley y la Constitución.
La medida tampoco crea un nuevo derecho para los ciudadanos. El permiso debe estar vigente y el arma específicamente amparada, mientras continúan los controles de las autoridades encargadas de verificar el cumplimiento de las normas.
Permisos vencidos o cancelados no habilitan el porte
El Gobierno precisó que quienes tengan permisos vencidos, suspendidos, cancelados o revocados no podrán portar armas amparándose en el nuevo decreto. La misma restricción aplica cuando exista una prohibición legal o jurídica.
También existe una diferencia entre tenencia y porte. Si una autorización permite únicamente la tenencia, ese documento no habilita al ciudadano para llevar el arma consigo fuera de las condiciones establecidas.
“El decreto devuelve eficacia a lo que ya era legal”, afirmó Soto, quien insistió en que las restricciones existentes no desaparecen con el levantamiento de la suspensión general.
Fuerza Pública mantiene controles sobre las armas
La aclaración del Gobierno llega en medio de un debate sobre el alcance de la nueva disposición. Las autoridades militares conservarán la facultad de expedir, revalidar, suspender, cancelar o revocar permisos, de acuerdo con las condiciones establecidas.
La Policía y las demás autoridades también mantendrán sus funciones de inspección, vigilancia, incautación y decomiso. Por ello, tener un permiso vigente no significa quedar por fuera de los controles policiales.
Soto sostuvo que el presidente está restableciendo el régimen ordinario de permisos “tal como lo prometió”, pero bajo las reglas fijadas por la ley. “El Estado mantiene el monopolio sobre las armas”, agregó.
Más de 15.700 armas fueron incautadas este año
Las cifras oficiales citadas por el Gobierno muestran la dimensión del problema de las armas ilegales. Entre el 1 de enero y el 3 de septiembre de este año, la Fuerza Pública incautó 15.700 armas de fuego.
De ese total, 14.179 armas estaban relacionadas con la comisión de delitos, incluidas conductas vinculadas con fabricación, tráfico y porte ilegal. Los datos sirven como referencia para diferenciar entre las armas amparadas por permisos y aquellas utilizadas por estructuras criminales.
“Las armas ilegales, las redes que las trafican y las estructuras criminales que las utilizan tienen que seguir siendo perseguidas con toda la fuerza y la capacidad del Estado”, afirmó el vocero gubernamental.
El decreto no elimina las restricciones
El Gobierno sostiene que la decisión busca permitir que los ciudadanos que cumplen los requisitos puedan ejercer nuevamente el porte autorizado de sus armas, siempre dentro del marco legal y bajo control estatal.
La aclaración resulta relevante para evitar que el levantamiento de la suspensión general sea interpretado como una autorización para que cualquier persona pueda salir armada. Los permisos individuales siguen siendo la condición central para ejercer el porte.
La aplicación de la medida trasladará ahora el debate a los controles en las calles y a la capacidad de las autoridades para verificar cada autorización. Mientras el Gobierno defiende el restablecimiento del régimen ordinario, la persecución de las armas ilegales continuará siendo una de las principales tareas de la Fuerza Pública.
Sala Digital Colmundo
