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27 marzo, 2026La Fiscalía General de la Nación imputó cargos a Juliana Guerrero por su presunta participación en la expedición y uso de títulos universitarios falsos, en un caso que también involucra al exsecretario general de la Fundación San José, Luis Carlos Gutiérrez Martínez. La investigación apunta a irregularidades en la certificación académica que le habría permitido aspirar a un alto cargo en el Gobierno nacional.
Según el ente acusador, Gutiérrez Martínez habría avalado de manera irregular el cumplimiento de requisitos académicos, certificando que Guerrero había finalizado sus estudios como contadora pública y tecnóloga en Gestión Contable y Tributaria. Sin embargo, las pruebas recolectadas indicarían que no completó el plan de estudios ni otras exigencias académicas obligatorias.
La Fiscalía sostuvo que para respaldar esta certificación se habría consignado información falsa, incluyendo supuestos registros de presentación de pruebas Saber Pro y Saber TyT, así como asistencias a clases. A pesar de que validadores técnicos rechazaron inicialmente la solicitud de grado, el exdirectivo habría aprobado manualmente el proceso, dejando constancia de que los requisitos estaban cumplidos.
De acuerdo con la fiscal del caso, Guerrero habría tenido pleno conocimiento de las irregularidades en la expedición de sus diplomas, emitidos el 1 de julio de 2025. Estos documentos, presuntamente fraudulentos, habrían sido utilizados en trámites oficiales con el objetivo de posesionarse como viceministra de Juventudes en el Ministerio de la Igualdad y la Equidad.
La investigación también señala que la joven, de 23 años, habría cargado información falsa en la plataforma SIGEP II, administrada por el Estado para el registro de hojas de vida de servidores públicos. Con esta acción, se habría inducido en error a los funcionarios encargados de verificar los requisitos para su nombramiento.
Por estos hechos, una fiscal de la Unidad de Fe Pública y Orden Económico de Bogotá imputó a Gutiérrez Martínez el delito de falsedad ideológica en documento público, mientras que a Guerrero se le atribuye fraude procesal. Ambos procesados se declararon inocentes y no aceptaron los cargos durante la audiencia.
El proceso judicial ha estado marcado por aplazamientos y ausencias en las diligencias, ya que Guerrero no asistió a varias audiencias programadas previamente. Finalmente, la imputación se concretó tras varios intentos por parte de la Fiscalía, que inicialmente contemplaba solicitar una medida de aseguramiento, pero desistió de esa pretensión.
En paralelo, la Fundación Universitaria San José anuló en septiembre de 2025 el título de Contaduría de Guerrero, lo que derivó en la eliminación de su hoja de vida del portal oficial de aspirantes a cargos del Ejecutivo. Este paso suele ser la etapa previa a nombramientos en altos cargos del Estado, como ministerios o viceministerios.
El caso también ha generado reacciones políticas y versiones encontradas. Mientras el exdirectivo implicado aseguró que buscaba facilitar una oportunidad laboral con el compromiso de completar los requisitos posteriormente, el presidente Gustavo Petro defendió públicamente a Guerrero, señalando que no existen señalamientos por apropiación de recursos públicos en su contra.
No obstante, la controversia se suma a otros episodios que han rodeado a la exaspirante al viceministerio, incluyendo investigaciones por presuntos usos indebidos de aeronaves oficiales, actualmente en revisión por la Procuraduría General de la Nación. Además, Guerrero ha estado involucrada en procesos judiciales adicionales, como una conciliación ante la Corte Suprema de Justicia, a la que tampoco asistió.
El caso continúa en etapa judicial, mientras las autoridades avanzan en la recolección de pruebas para determinar responsabilidades penales en uno de los escándalos recientes que salpican procesos de selección en el sector público colombiano.
Humberto ‘Toto’ Torres




