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27 marzo, 2026La Fiscalía General de la Nación anunció que en los próximos días definirá si reactiva las órdenes de captura contra Alexander Díaz Mendoza, conocido como alias ‘Calarcá’, señalado cabecilla del Estado Mayor de las disidencias de las Farc. La decisión se produce tras recientes hechos violentos atribuidos a estructuras bajo su mando, lo que ha generado nuevas alertas sobre el cumplimiento de compromisos en el proceso de paz.
La medida se enmarca en una metodología de seguimiento ordenada luego de una reunión entre la fiscal general, Luz Adriana Camargo Garzón, y el comisionado de Paz, José Otty Patiño Hormaza. Este mecanismo busca verificar de manera continua si se mantienen las condiciones legales para suspender las órdenes de captura, un beneficio otorgado en el marco de los diálogos con grupos armados.
Según informó la entidad, se estableció un sistema de evaluación periódica del cumplimiento de requisitos, en línea con lo dispuesto por la Ley 2272 de 2022 y los criterios fijados por la Corte Constitucional. En ese sentido, la Fiscalía precisó que el análisis se hará con base en información actualizada y con el apoyo de distintas instituciones competentes.
Dentro de este proceso, el caso de alias ‘Calarcá’ será uno de los primeros en ser revisados, teniendo en cuenta su rol como representante del autodenominado Estado Mayor de Bloques y Frentes en la Mesa de Diálogos de Paz con el Gobierno. La entidad subrayó que la permanencia de los beneficios judiciales depende estrictamente del comportamiento del grupo durante las negociaciones.
La fiscal general explicó que si se comprueba la comisión de delitos graves durante el proceso de diálogo, como crímenes de lesa humanidad o violaciones al derecho internacional humanitario, se procederá de inmediato a reactivar las órdenes de captura. Es decir, el levantamiento de estas medidas no es definitivo y está sujeto a condiciones estrictas de cumplimiento.
A esta revisión se suman los hechos ocurridos en febrero en el departamento del Guaviare, donde fueron asesinadas 26 personas, situación que motivó nuevas solicitudes de información a la Oficina del Comisionado de Paz sobre la continuidad del beneficio de suspensión de medidas judiciales. Este episodio ha intensificado el escrutinio sobre las acciones de las disidencias en medio de los diálogos y podría ser determinante en la decisión final de la Fiscalía.
Humberto ‘Toto’ Torres




