Controversia en MinCiencias: En riesgo $2,7 billones para proyectos científicos

¿Puede una interpretación del DNP frenar años de trabajo técnico y dejar en suspenso la ciencia del país?

La comunidad científica y universitaria de Colombia alertó sobre una decisión administrativa que, según su denuncia, habría puesto en riesgo cerca de $2,7 billones destinados a proyectos de ciencia, tecnología e innovación financiados con regalías. El reclamo, suscrito por un amplio grupo de instituciones y actores del sector, sostiene que la aplicación de un concepto del Departamento Nacional de Planeación (DNP) y decisiones del OCAD CTeI cambiaron las condiciones de financiación cuando los procesos ya estaban en curso, generando “incertidumbre” y paralización de iniciativas ya evaluadas técnicamente.

Según los firmantes, la interpretación del DNP establece que los proyectos no aprobados en un bienio no pueden financiarse con recursos de otro periodo, lo que habría tenido un efecto retroactivo sobre convocatorias y proyectos estructurados para el bienio 2023–2024. Esa lectura, afirman las universidades y centros de investigación, dejó sin posibilidad de ejecución la mayor parte de los recursos previstos y afectó propuestas que ya contaban con cronogramas, evaluaciones técnicas y compromisos institucionales.

El impacto descrito alcanza a proyectos de diversa naturaleza, como investigaciones académicas, programas regionales, iniciativas con comunidades y obras de infraestructura científica. Las instituciones denuncian que procesos avanzados quedaron suspendidos o sin posibilidad de financiación, lo que, en la práctica, interrumpe líneas de trabajo y pone en riesgo la continuidad de equipos, contratos y resultados previstos a mediano plazo.

En términos institucionales, la denuncia cuestiona la coordinación entre MinCiencias, el OCAD CTeI y el DNP. Los firmantes piden claridad normativa y procedimientos estables que eviten cambios retroactivos en criterios de elegibilidad y financiación. En su comunicado, los actores del sistema señalan la necesidad de revisar decisiones y corregir interpretaciones que, a su juicio, no deberían aplicarse de manera que afecte proyectos ya estructurados.

Los efectos técnicos y operativos también son motivo de preocupación: se advierte la posible pérdida de hasta tres años de trabajo técnico e institucional en áreas estratégicas si no se restablece la ejecución de los proyectos. Investigadores y administradores universitarios señalan que la interrupción no solo frena resultados científicos, sino que también afecta formación, transferencia tecnológica y programas con impacto social en regiones del país.

Desde el ámbito oficial se han planteado explicaciones sobre la necesidad de ajustar interpretaciones jurídicas del sistema de regalías, pero persisten las solicitudes de revisión por parte de las instituciones afectadas. Mientras se tramitan esas solicitudes, universidades y centros de investigación enfrentan la incertidumbre sobre la financiación y la ejecución de iniciativas que, hasta hace poco, estaban en etapas avanzadas de evaluación.

La denuncia, firmada por 136 actores del sistema científico y universitario, subraya la urgencia de establecer reglas claras para futuros procesos de asignación de regalías y evitar que cambios interpretativos afecten proyectos en curso. El reclamo enfatiza la importancia de garantizar la continuidad de la inversión técnica y los resultados esperados en regiones y centros académicos del país.

Juan Joya