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Un nuevo pronunciamiento del ELN desató alta tensión en Colombia tras anunciar que mantendría secuestrados durante varios años a cuatro integrantes de la Fuerza Pública, retenidos en Arauca desde 2025. El comunicado fue rechazado de forma contundente por el Gobierno Nacional, que calificó el hecho como una grave violación a los derechos humanos.
A través de un video difundido en redes sociales, el grupo armado ilegal aseguró haber emitido un supuesto “fallo” contra dos policías y dos funcionarios del CTI de la Fiscalía, secuestrados el 8 de mayo de 2025 en Fortul, Arauca. Según el mensaje, no se aplicaría la pena de muerte, pero sí lo que denominan “prisión revolucionaria” con condenas de hasta 60 y 55 meses, decisión que ha generado rechazo generalizado.
En el mismo pronunciamiento, el ELN justificó estas acciones bajo acusaciones de espionaje y operaciones en su contra, e incluso mencionó la posibilidad de un eventual “canje humanitario de prisioneros”, argumento que ha sido cuestionado por distintos sectores del país.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, reaccionó de inmediato y fue enfático al señalar que “el ELN no es autoridad. No representa justicia. Es un cartel del narcotráfico”, deslegitimando cualquier tipo de decisión emitida por ese grupo. Además, calificó el comunicado como un acto cobarde y reiteró que el secuestro constituye un delito grave que vulnera los derechos humanos y la seguridad nacional.
El jefe de la cartera de Defensa también envió un mensaje a las familias de los secuestrados, asegurando que no están solas y que el Estado mantiene todos los esfuerzos para lograr la liberación de los cuatro funcionarios. El Gobierno insistió en que no existe justificación alguna para este tipo de acciones.
En medio de la creciente preocupación, el ministro hizo un llamado a organizaciones de derechos humanos, la Iglesia Católica y la comunidad internacional para que se sumen a la exigencia de liberación inmediata de las víctimas, en un caso que vuelve a poner en evidencia la persistencia del secuestro en el país.
Las autoridades recordaron que este delito puede ser castigado con penas de hasta 40 años de prisión, y reiteraron que el ELN continúa siendo una amenaza por prácticas como homicidios, reclutamiento forzado, terrorismo, narcotráfico y extorsión, además del secuestro.
El Ministerio de Defensa también enfatizó la importancia de la colaboración ciudadana, destacando la línea gratuita nacional 107, disponible las 24 horas, para denunciar información que permita ubicar a los secuestrados o prevenir acciones criminales.
Este caso se remonta a 2025, cuando fueron secuestrados los investigadores del CTI Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada el 8 de mayo en Fortul, mientras cumplían labores de seguridad. Posteriormente, el 20 de julio, fueron retenidos los policías de la Dijín Frankie Esley Hoyos Murcia y Yordin Fabián Pérez Mendoza, en la vía entre Tame y Arauca.
El secuestro de estos cuatro funcionarios ha generado una fuerte condena nacional, especialmente tras la decisión del ELN de someterlos a un denominado “juicio revolucionario”, considerado por el Gobierno como una violación al derecho internacional humanitario.
La defensora del Pueblo, Iris Marín, también rechazó el hecho y advirtió sobre el deterioro de las víctimas. “Estas personas llevan cerca de un año secuestradas con afectaciones a su salud física y mental”, señaló, agregando que esta situación agrava el sufrimiento de sus familias y vulnera los derechos de sus hijos.
Marín exigió la liberación inmediata de los cuatro funcionarios y de todas las personas secuestradas en Arauca, así como el respeto por su vida e integridad. Asimismo, pidió al Gobierno fortalecer las acciones para lograr su liberación, reiterando la disposición de la entidad para contribuir a una salida humanitaria.
El caso continúa generando rechazo dentro y fuera del país, mientras crece la presión nacional e internacional para que las víctimas recuperen su libertad, en un episodio que refleja la complejidad del conflicto armado y la urgencia de proteger los derechos fundamentales en Colombia.
Humberto ‘Toto’ Torres
