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¿Se está priorizando la táctica electoral sobre la coherencia política acumulada en décadas de trayectoria?
La candidata presidencial Clara López se encamina a tomar una decisión que puede reconfigurar el tablero político de cara a las presidenciales. Según la información conocida, la exministra alista su renuncia a la contienda electoral y prevé acudir a la Registraduría al inicio de la semana de Pascua para formalizar su retiro, en medio de conversaciones avanzadas que buscan consolidar un respaldo político a la campaña de Iván Cepeda.
Los acercamientos, que se han intensificado en los últimos días, responden a una estrategia de sumar apoyos dentro del espectro progresista. Desde ese sector se ha insistido en la necesidad de construir una candidatura con mayor capacidad de convocatoria, lo que llevó a establecer contactos directos con López. Aunque fuentes cercanas dan por encaminado el acuerdo, la candidata ha señalado que la decisión aún está en discusión y que será en los próximos días cuando defina su postura.
Más allá del movimiento político, la eventual renuncia tiene efectos concretos en el proceso electoral. El Consejo Nacional Electoral ha indicado que, si la dimisión se presenta dentro de los tiempos previstos, no implicaría sanciones económicas. Además, si la impresión de los tarjetones no ha comenzado, el espacio asignado a su candidatura quedaría vacío, reflejando en el diseño electoral el impacto de su salida.
La decisión se conoce cuando su campaña aún estaba en desarrollo y con una narrativa clara. En la entrevista que nos concedió el 11 de marzo a Colmundo Radio, López describió su propuesta como un intento de bajar la tensión política del país. “Estoy buscando un mandato para un cambio con estabilidad y sostenibilidad”, explicó, al advertir que Colombia enfrenta una división frente a las reformas en curso. Su planteamiento, resumido en la idea de “un cambio que nos una”, apuntaba a tender puentes entre sectores que hoy se perciben enfrentados.
En esa misma conversación, la candidata defendió una reforma fiscal con mayor carga sobre los sectores de mayores ingresos. “El país que no es capaz de cobrar los impuestos que requiere para garantizar los derechos no va a tener cómo garantizar la seguridad ni las pensiones”, afirmó, dejando clara su apuesta por un modelo tributario más progresivo. La propuesta se articulaba con su visión de fortalecer la economía popular y ampliar la capacidad del Estado para responder a las demandas sociales.
El acuerdo de paz también ocupó un lugar central en su discurso. López reiteró su respaldo al proceso firmado en 2016 y fue enfática al señalar: “Defiendo el acuerdo integralmente. Hace parte de nuestra Constitución y nadie puede negar que ha habido avances extraordinarios en materia de tranquilidad”. No obstante, planteó la necesidad de revisar algunos instrumentos institucionales para asegurar su eficacia en el cierre del conflicto.
En materia de salud, cuestionó el funcionamiento del sistema actual. “Nos vendieron un sistema de aseguramiento privado que terminó siendo una intermediación financiera”, dijo, al proponer un modelo con mayor énfasis en la atención primaria y en el control público de los recursos. Su planteamiento se sumaba a una agenda más amplia que incluía presencia estatal en los territorios, inversión social y fortalecimiento institucional.
La trayectoria de López explica el peso de su decisión. Con más de cinco décadas en la vida pública, ha sido protagonista de múltiples procesos políticos. Fue candidata presidencial en 2014 con el Polo Democrático, aspiró a la Alcaldía de Bogotá, y se desempeñó como ministra de Trabajo durante el gobierno de Juan Manuel Santos. También ha liderado movimientos políticos, participado en coaliciones y regresado al Congreso como senadora en 2022 dentro del Pacto Histórico.
En su más reciente aspiración, formalizada con el aval del partido Esperanza Democrática, López buscaba capitalizar esa experiencia acumulada con un discurso orientado al diálogo y la construcción de acuerdos. Su fórmula vicepresidencial, María Consuelo del Río, hacía parte de ese enfoque programático centrado en derechos humanos y estabilidad institucional.
La eventual renuncia, aún en proceso de definición, marcaría un giro en su recorrido político y tendría efectos directos en la configuración de apoyos dentro del sector progresista. La decisión final se conocerá en los próximos días, cuando las alianzas empiezan a perfilar el mapa electoral de este 2026.
Juan Joya
