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La situación laboral en la Asmet Salud EPS atraviesa un momento crítico en medio de su intervención, luego de que los propios trabajadores denunciaran retrasos en el pago de salarios y prestaciones. Según lo expuesto por la congresista Jennifer Pedraza, los empleados acumulan más de dos meses sin recibir su salario. Esto ha impactado directamente su capacidad para cubrir necesidades básicas como alimentación, transporte y acceso a servicios de salud.
En un pronunciamiento en su cuenta de X, la congresista denunció: “Los trabajadores de Asmet Salud llevan más de dos meses sin salario. No tienen con qué comer. Muchos ni siquiera tienen afiliación activa a su EPS porque no les han pagado su seguridad social; se quedan sin atención y sin medicamentos”. En el mismo mensaje, hizo un llamado directo a la Superintendencia Nacional de Salud al señalar que “en esta EPS intervenida por el Gobierno los trabajadores no tienen garantías” y pidió acciones urgentes frente a lo que calificó como inacción institucional.
De acuerdo con la información disponible, la problemática no se limita al incumplimiento salarial. También se han reportado fallas en el pago de aportes al sistema de seguridad social, lo que ha generado la suspensión de la afiliación activa de algunos trabajadores. Esta situación ha derivado en casos en los que empleados no han podido acceder a consultas médicas ni a la entrega de medicamentos, profundizando las afectaciones sobre su bienestar.
Sumado a esto, el sindicato SINDISALUD reveló la magnitud de las deudas. Además de los dos meses de salario, la organización indicó que se adeudan seis meses de bonos de alimentación, pactados con algunos trabajadores, así como pagos correspondientes a vacaciones y liquidaciones de empleados que han renunciado. El sindicato señaló que esta situación ha llevado a varios trabajadores a condiciones críticas, con dificultades para sostener a sus familias.
La organización sindical también reportó múltiples casos de incumplimiento en los aportes a seguridad social, lo que ha provocado la cancelación de citas médicas, incluso en situaciones que requieren atención prioritaria. Según su pronunciamiento, estos hechos constituyen una vulneración de derechos laborales y afectan la estabilidad, dignidad y continuidad de quienes participan en la prestación del servicio de salud.
Ante la falta de avances en las gestiones adelantadas, SINDISALUD convocó a una asamblea de delegados para hoy, 1 de abril de 2026, en la que se evaluará la posibilidad de una suspensión temporal de actividades. La organización indicó que, aunque mantiene su compromiso con la atención a los usuarios, con las condiciones actuales se dificulta la continuidad de sus labores sin contar con las garantías mínimas.
En medio de la situación, en la EPS hay cambios relevantes. La Procuraduría General de la Nación ordenó la suspensión provisional del agente especial interventor, Lain Eduardo López Martínez, e inició investigaciones contra otros exinterventores por presuntas irregularidades durante el proceso de intervención. Estas actuaciones buscan determinar posibles responsabilidades en el deterioro de la prestación del servicio.
Como consecuencia de esta decisión, la Superintendencia designó a Jessica Milena Aguirre Santana como interventora sustituta temporal. La entidad informó que su gestión estará enfocada en fortalecer la red de prestación de servicios y garantizar una atención “digna, oportuna y humanizada”, al tiempo que priorizará el bienestar laboral y la estabilidad de los trabajadores.
Juan Joya




