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14 abril, 2026El partido Centro Democrático anunció la preparación de un proyecto de ley para mitigar el impacto del aumento en los avalúos catastrales, una situación que ha generado fuerte inconformidad ciudadana por el incremento del impuesto predial. La iniciativa surge en medio de la controversia nacional por los cobros elevados y busca establecer límites claros para proteger a los contribuyentes.
El expresidente Álvaro Uribe Vélez confirmó que el representante electo Daniel Briceño lidera la construcción del proyecto. “La bancada del Centro Democrático presentará un proyecto de alivio del catastro confiscatorio”, afirmó Uribe, al referirse a las medidas que buscan contener lo que consideran un crecimiento desbordado en los avalúos.
Según explicó Briceño, la propuesta se enfocará en revisar la fórmula del tope predial para evitar incrementos desproporcionados. El congresista señaló que si bien la actualización catastral es necesaria, no debe traducirse en aumentos excesivos del impuesto. En ese sentido, indicó que se busca establecer un límite permanente que permita a los ciudadanos anticipar el crecimiento del tributo. “Se trata de diferenciar entre actualizar la información y permitir que el impuesto se dispare”, explicó.
El proyecto contempla que para viviendas de estratos 1 y 2, el incremento del predial no supere la inflación anual, mientras que para otros inmuebles el aumento estaría limitado al Índice de Precios al Consumidor (IPC) más 7 puntos. “Lo máximo que podría subir sería entre un 10% y un 12%”, detalló Briceño, al explicar el alcance de la iniciativa.
En medio del debate político, el representante responsabilizó directamente al gobierno del presidente Gustavo Petro por el alza en los avalúos. En sus declaraciones, cuestionó el papel del Instituto Geográfico Agustín Codazzi y aseguró que las actualizaciones se han realizado sin suficiente rigor técnico. “Aquí el único responsable del aumento predial es el Gobierno Petro y el IGAC”, afirmó, al tiempo que criticó que se traslade la responsabilidad a los alcaldes.
Por su parte, el Gobierno Nacional ha defendido su postura y sostiene que los incrementos en el impuesto predial dependen de las decisiones de las administraciones locales, lo que mantiene abierto el choque de versiones sobre quién debe responder por los aumentos.
Este proyecto de ley se perfila como un nuevo punto de tensión en el escenario político, en el que se enfrentan visiones sobre la gestión catastral y el impacto fiscal en los ciudadanos. Entretanto, los contribuyentes continúan a la espera de medidas concretas que alivien el costo del predial en distintas regiones del país.
Sala Digital Colmundo




