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Un informe de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) encendió las alarmas en el país al revelar que al menos 11 alcaldes de ciudades capitales han sido víctimas de amenazas, alertas de atentado y situaciones de riesgo entre enero de 2024 y abril de 2026. El reporte también incluye más de ocho casos contra servidores públicos, lo que evidencia un preocupante incremento en la presión de estructuras criminales sobre autoridades locales.
Según el documento, las intimidaciones se presentan principalmente en contextos de operativos contra organizaciones ilegales, control del espacio público, regulación de movilidad y acciones contra economías ilícitas como la extorsión y el microtráfico, lo que sugiere un patrón de retaliación directa frente a decisiones institucionales.
En varias ciudades del país, los mandatarios han reportado situaciones concretas de amenaza. En Cúcuta, el alcalde Jorge Acevedo denunció intimidaciones en 2024 y 2025 atribuidas a la banda AK-47. En Florencia, Marlon Monsalve Ascanio ha registrado presiones en 2024 y 2026 ligadas a presuntas disidencias. En Cartagena, Dumek Turbay Paz recibió una amenaza directa relacionada con medidas de movilidad, mientras que en Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán enfrenta un presunto plan de atentado que también involucra a su familia.
El panorama se extiende a otras capitales. En Quibdó, Rafael Bolaños Pino reportó amenazas contra su entorno cercano y su equipo de trabajo. En Pasto, Nicolás Toro Muñoz cuenta con una amenaza confirmada y observaciones sobre su esquema de protección. En Medellín, Federico Gutiérrez tiene una alerta de atentado en investigación, mientras que en Cali, Alejandro Eder denunció un plan atribuido a presuntas disidencias de las FARC.
En Bogotá, el alcalde Carlos Fernando Galán mantiene una alerta que aún está en proceso de verificación, mientras que en Santa Marta, Carlos Pinedo Cuello presenta antecedentes de riesgo. En Barranquilla, Alejandro Char Chaljub reportó un presunto plan de ataque contra él y su familia en 2026, lo que refuerza la tendencia de amenazas extendidas más allá de los funcionarios.
Familias en la mira: nuevo patrón de presión criminal
Uno de los hallazgos más preocupantes del informe es la identificación de un patrón denominado “extensión del riesgo hacia las familias”, detectado en ciudades como Bucaramanga, Quibdó, Barranquilla, Cali y Florencia. Esta modalidad, según Asocapitales, busca generar presión directa sobre los mandatarios para influir en sus decisiones públicas.
El informe también advierte que estas amenazas no son aisladas, sino que responden a reacciones frente a medidas institucionales que afectan intereses criminales, especialmente en temas como el control territorial y la lucha contra economías ilegales.
Responsables varían según la región
Las estructuras detrás de las amenazas cambian dependiendo del territorio. En Barranquilla, se mencionan bandas criminales y posibles coordinaciones desde centros carcelarios. En Bucaramanga, las intimidaciones estarían vinculadas a estructuras urbanas del microtráfico, mientras que en Quibdó se atribuyen a grupos con presencia local.
En Cartagena, el caso apunta a un ciudadano identificado, mientras que en Medellín las estructuras responsables siguen bajo investigación. Por su parte, en Bogotá, Pasto y Santa Marta no hay una atribución clara hasta el momento, lo que dificulta el avance de las investigaciones.
Funcionarios también bajo amenaza
El informe no solo se limita a alcaldes. También documenta al menos ocho casos de amenazas y ataques contra funcionarios públicos, lo que amplía el panorama de riesgo institucional.
En Bogotá, se reportan casos contra equipos del DADEP y comisarías de familia. En Santa Marta, funcionarios de la alcaldía han sido intimidados. En Florencia, las amenazas alcanzan al personero y personal administrativo. En Medellín, el secretario de Seguridad, Manuel Villa, y concejales han sido blanco de alertas.
Uno de los hechos más graves ocurrió en Arauca, donde el jefe de protección del alcalde fue asesinado en 2025, evidenciando el nivel de riesgo al que están expuestos quienes trabajan en la defensa institucional. En Cali, el secretario de Movilidad, Sergio Moncayo, y agentes de tránsito también han sido objeto de amenazas.
El informe de Asocapitales concluye que la presión de grupos criminales contra autoridades locales representa un desafío creciente para la gobernabilidad y la seguridad en Colombia, y advierte sobre la necesidad de fortalecer los esquemas de protección y la presencia del Estado en las regiones más afectadas.
Humberto ‘Toto’ Torres
