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9 abril, 2026La ciudad de Cali vivió una nueva jornada de alteraciones al orden público luego de que una marcha que inició de forma pacífica terminara en actos de vandalismo contra el sistema MÍO, afectando la movilidad de miles de ciudadanos. Los hechos se registraron en la noche del 8 de abril, cuando una movilización con antorchas, atribuida a presuntos estudiantes de la Universidad del Valle, derivó en disturbios protagonizados por encapuchados.
El balance preliminar da cuenta de graves daños en al menos siete estaciones del sistema de transporte masivo, entre ellas Tequendama, Lido, Refugio, Caldas, Capri, Meléndez y Buitrera. Estas afectaciones impactaron directamente a más de 40.000 usuarios, principalmente en el sur de la ciudad, donde el MÍO es fundamental para el acceso al trabajo y la educación.
Frente a la situación, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, rechazó con contundencia los hechos y subrayó que la protesta no puede convertirse en destrucción del patrimonio público. El mandatario aseguró que lo ocurrido no tiene justificación y enfatizó que los daños no solo afectan la infraestructura, sino que golpean directamente a miles de ciudadanos que dependen del sistema para su movilidad diaria.
En ese sentido, Eder anunció el inicio de acciones legales e investigaciones penales para identificar a los responsables, dejando claro que habrá consecuencias. El alcalde indicó que dio instrucciones precisas para esclarecer los hechos y reiteró que, aunque en la ciudad se garantizan los derechos a la protesta, también es obligatorio respetar los bienes públicos.
A las voces de rechazo se sumó la Personería de Cali, que calificó los hechos como un atentado contra el patrimonio de la ciudad. La entidad advirtió que la estación Tequendama fue una de las más afectadas, con daños significativos en su infraestructura, lo que agrava el impacto sobre los usuarios del sistema de transporte masivo.
Por su parte, la directora de Bienes de Cali, Noralba García, hizo un llamado a la coherencia durante las movilizaciones, insistiendo en que la violencia no puede justificarse como forma de protesta. Señaló que estos actos no solo perjudican a la ciudadanía, sino que también afectan los esfuerzos institucionales para recuperar y fortalecer el sistema.
Finalmente, la diputada del Valle del Cauca, Lina Segura, cuestionó el impacto social de los disturbios y reiteró que dañar el MÍO no constituye una forma legítima de manifestación, sino un golpe directo contra los ciudadanos más vulnerables. El episodio ha intensificado el debate sobre los límites de la protesta social y la necesidad de proteger la infraestructura pública en Cali.




