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Sandra Suárez llevó al Senado señalamientos sobre programas sociales y pidió investigar contratos ejecutados antes de las elecciones.
La directora de Prosperidad Social, Sandra Suárez, denunció ante la Comisión Séptima del Senado presuntas irregularidades que encontró al asumir el cargo, entre ellas un ciclo pendiente de Colombia Mayor y un contrato por $22.000 millones para entregar mercados durante los meses previos a las elecciones presidenciales.
Las declaraciones se produjeron durante un debate de control político en Bogotá, convocado para discutir la situación presupuestal de la entidad y los recursos destinados a los programas de atención a población vulnerable.
La entrevista con el concejal Leandro Castellanos
En este contexto, Colmundo Radio entrevistó al concejal Andrés Leandro Castellanos para conocer su lectura sobre las denuncias y sus posibles efectos en la discusión de los recursos públicos destinados a los programas sociales.
El debate también tiene una dimensión para Bogotá, donde los recursos nacionales y las políticas de transferencias sociales inciden sobre hogares en situación de vulnerabilidad. Castellanos participa en el Concejo de Bogotá en discusiones relacionadas con asuntos de la ciudad y ha actuado como ponente en proyectos de acuerdo durante 2026.
Un ciclo de Colombia Mayor quedó pendiente
Uno de los señalamientos de Suárez está relacionado con Colombia Mayor, programa dirigido a personas mayores que reciben transferencias monetarias. La directora sostuvo que la administración anterior dejó pendiente el pago de uno de los ciclos.
El señalamiento contrasta con la operación actual del programa. Prosperidad Social informó en septiembre que cerca de tres millones de personas mayores estaban programadas para recibir el séptimo ciclo, con una inversión de $639.643 millones.
La entidad también ha señalado que recibió Colombia Mayor con una desfinanciación de $3,5 billones, mientras que la actual administración asegura haber gestionado recursos para garantizar la continuidad de las transferencias.
El contrato de $22.000 millones para mercados
El segundo frente de la denuncia apunta al programa Hambre Cero. Suárez afirmó ante los senadores que se entregaron mercados tres meses antes de las elecciones presidenciales y que se realizó una adición contractual por $22.000 millones.
La directora pidió que el caso sea investigado. Según su declaración, la concentración de la ejecución en el periodo previo a las elecciones amerita revisar los documentos y determinar si existieron irregularidades.
El señalamiento corresponde a una denuncia de la actual administración y la eventual existencia de irregularidades y responsabilidades deberá establecerse mediante las investigaciones de las autoridades competentes.
La propia Prosperidad Social confirmó que adelanta una revisión de contratos, convenios y actuaciones administrativas recibidas del gobierno anterior. La entidad informó que encontró situaciones que requieren un análisis técnico y jurídico más profundo.
Colombia sin Hambre y los cambios en Renta Ciudadana
Suárez también se refirió a Colombia sin Hambre, una de las líneas de Renta Ciudadana. Según su exposición ante el Senado, esa línea quedó desfinanciada en 2025 y 2,3 millones de personas dejaron de recibir esa atención, de acuerdo con las cifras presentadas por la funcionaria.
La directora planteó que la nueva administración busca revisar la focalización de los programas para concentrar recursos en personas mayores vulnerables, familias en situación de pobreza y hogares monoparentales con niños menores de seis años.
El enfoque también incluye a los jóvenes. Suárez aseguró que este grupo no quedará desatendido, aunque los programas serán revisados para determinar su pertinencia y resultados.
La revisión de contratos queda bajo la lupa
Las denuncias hacen parte de una revisión más amplia anunciada por Prosperidad Social. A comienzos de septiembre, Suárez afirmó que encontró contratos y donaciones que calificó como “dudosas e injustificadas”, además de recursos vinculados a fiducias y convenios cuyo estado está siendo verificado.
La funcionaria aseguró que su administración no encubrirá ni minimizará alertas de corrupción o irregularidades. Para establecer responsabilidades será necesario contrastar las denuncias con contratos, soportes de ejecución, modificaciones y registros presupuestales.
Mientras avanza esa revisión, Prosperidad Social mantiene la ejecución de sus programas. En septiembre, por ejemplo, la entidad inició una nueva transferencia de Renta Ciudadana y Devolución del IVA para 804.478 hogares en pobreza, con una inversión de $346.342 millones.
El debate queda así dividido entre dos asuntos: determinar qué ocurrió con los recursos de la administración anterior y garantizar que los programas sociales continúen llegando a sus beneficiarios.
La directora resumió su posición ante el Congreso con una frase: “¿Quién es mi enemigo? La pobreza y el hambre”. Ahora serán los documentos y las investigaciones de los organismos competentes los que deberán establecer si las actuaciones denunciadas constituyeron irregularidades y qué responsabilidades podrían derivarse.
Sala Digital Colmundo
