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El paquete de emergencia busca movilizar recursos hacia 476 municipios y atender daños en viviendas, colegios, hospitales y servicios públicos.
El Gobierno nacional expidió 11 decretos de emergencia económica para financiar la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto. Las medidas alcanzan a 476 municipios declarados en calamidad y buscan acelerar la recuperación de los territorios más golpeados.
El último consolidado de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) dimensiona la emergencia: 331 personas murieron, 4.505 resultaron heridas y 1.284.185 fueron afectadas. Además, 36.326 viviendas quedaron destruidas y otras 202.002 presentan daños.
Fondo Milagro concentrará los recursos para la reconstrucción
Uno de los principales instrumentos es el Fondo Milagro, creado mediante el Decreto 1379, como un patrimonio autónomo administrado por una fiduciaria pública y vigilado por la Superintendencia Financiera.
El fondo recibirá recursos del presupuesto nacional, donaciones, créditos, regalías y aportes territoriales o privados. Los recursos se girarán directamente a proveedores o beneficiarios finales, una vez se compruebe la entrega de los bienes o servicios financiados.
El Gobierno argumentó que el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo y el Fondo Adaptación no cuentan con la estructura institucional necesaria para manejar una crisis de esta escala. La administración del nuevo fondo tendrá, además, auditoría internacional y vigilancia de la Contraloría General.
Empresas podrán financiar obras con el impuesto de renta
El Decreto 1389 amplía temporalmente el mecanismo de Obras por Impuestos a todos los municipios declarados en emergencia, sin exigir que pertenezcan a zonas ZOMAC o PDET.
Las empresas con ingresos anuales desde 33.610 UVT, equivalentes a unos $1.760 millones, podrán destinar hasta el 50 % de su impuesto de renta a proyectos de reconstrucción.
La medida permitirá financiar directamente viviendas, colegios, hospitales y vías. La Agencia de Renovación del Territorio evaluará los proyectos y tendrá 15 días hábiles para determinar su viabilidad.
El esquema también fija una prioridad territorial: al menos 35 % de los recursos aprobados por el CONFIS deberá llegar a municipios de categorías 5 y 6, donde las administraciones tienen menor capacidad financiera.
Municipios con recursos podrán enviar dinero a los afectados
El Decreto 1381 modifica una de las restricciones que dificultaban la solidaridad financiera entre territorios. Alcaldías y gobernaciones de todo el país podrán girar recursos a las zonas afectadas por el terremoto.
La diferencia entre las capacidades financieras explica la medida. Los municipios que no sufrieron daños acumulan cerca de $924.000 millones en fondos de desastres, mientras los territorios destruidos disponen, en promedio, de apenas $605 millones.
El objetivo es que las administraciones con mayor capacidad puedan transferir recursos directamente a los municipios que necesitan financiar la reconstrucción.
Más recursos y flexibilidad para las administraciones locales
El Decreto 1382 permite a los municipios afectados reorientar rentas específicas hasta 2027, condonar intereses tributarios y solicitar créditos equivalentes hasta al 15 % de sus ingresos corrientes.
Las entidades también podrán modificar sus presupuestos durante 2026 sin pasar por concejos municipales o asambleas departamentales. Entre octubre de 2026 y diciembre de 2027, el 100 % de la sobretasa al ACPM recaudada en las zonas afectadas permanecerá en esos territorios.
A esto se sumarán recursos transferidos desde Bogotá y departamentos con mayores ingresos, con énfasis en los municipios más pequeños y vulnerables.
Hospitales afectados podrán usar excedentes para reconstrucción
La emergencia también golpeó la red hospitalaria. Según la UNGRD, 404 centros asistenciales resultaron afectados en 185 municipios.
El Decreto 1383 establece plazos para que las entidades territoriales acrediten requisitos y soliciten recursos del FONPET. La medida permitirá atender obligaciones pensionales pendientes y tramitar excedentes.
Por primera vez, los excedentes del sector salud del FONPET podrán utilizarse para reconstruir hospitales públicos, una posibilidad que busca responder a los daños sufridos por la infraestructura asistencial.
Más de 5.300 sedes educativas presentan daños
El impacto también alcanzó al sistema educativo. El Ministerio de Educación reportó, con corte al 3 de septiembre de 2026, 5.309 sedes educativas afectadas en 423 municipios, donde estudian 1.147.369 estudiantes.
Los decretos 1386, 1387 y 1388 autorizan el uso de espacios alternos seguros y permiten reorganizar el calendario escolar sin modificar el cierre del año ni los salarios de los docentes.
Además, durante 2026 se suspenden los descuentos derivados de inconsistencias en el SIMAT cuando estas hayan sido ocasionadas por el terremoto.
Energía: 1,5 millones de usuarios afectados
La emergencia también dejó consecuencias sobre el suministro eléctrico. La Superintendencia de Servicios Públicos reportó 1,5 millones de usuarios afectados.
Según XM, la falta de suministro llegó al 100 % en Chocó; al 82 % en Caldas, Quindío y Risaralda; al 70 % en Valle del Cauca, y al 44 % en Cauca y Nariño.
El Decreto 1380 autoriza al FONDES a entregar aportes no reembolsables, por una sola vez, a determinadas empresas mixtas que atiendan gran parte de los municipios afectados. Los desembolsos deberán aprobarse en un plazo máximo de 90 días y ejecutarse durante el año siguiente.
Gobierno flexibiliza trámites y acceso a información
El paquete también modifica temporalmente el funcionamiento de las entidades públicas. El Decreto 1384 permite cambiar horarios, implementar trabajo en casa, simplificar trámites y crear plantas temporales hasta el 31 de diciembre de 2026.
La misma norma suspende a nivel nacional los concursos de la Comisión Nacional del Servicio Civil durante el periodo establecido.
El Decreto 1385, por su parte, levanta temporalmente la reserva estadística del DANE para facilitar la caracterización de las personas damnificadas por parte de las entidades responsables de la atención.
La reconstrucción entra en una nueva etapa
Los 11 decretos tienen cobertura sobre 476 municipios afectados, con una concentración especial en Chocó, Caldas, Quindío, Risaralda, Valle del Cauca, Cauca y Nariño.
El reto ahora será convertir las facultades y recursos habilitados por el Gobierno en obras concretas. La reconstrucción dependerá de la capacidad de las entidades territoriales para presentar proyectos, ejecutar los recursos y garantizar que la ayuda llegue a las comunidades que perdieron viviendas, escuelas, hospitales y servicios básicos.
La magnitud de los daños hará que la emergencia trascienda la atención inmediata y se convierta en un proceso de reconstrucción que se extenderá durante los próximos años.
