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La Corte Suprema de Justicia ratificó que los expresidentes del Senado, Iván Name, y de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, permanecerán privados de la libertad mientras avanza el proceso judicial por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La decisión se adoptó al negar, una vez más, la solicitud de libertad presentada por las defensas, que alegaban el vencimiento de términos.
El alto tribunal concluyó que aún existen diligencias probatorias pendientes, entre ellas la obtención del testimonio del exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Carlos Ramón González, quien permanece en Nicaragua bajo la figura de asilo político y es considerado una pieza clave dentro del proceso.
La permanencia de Carlos Ramón González en el exterior influye en el proceso
Uno de los argumentos centrales de la Corte para mantener la medida de aseguramiento fue que todavía no ha sido posible obtener la declaración de Carlos Ramón González, cuya ubicación en el extranjero hace parte de las pruebas que la justicia busca incorporar al juicio.
La legislación aplicable a los procesos contra congresistas establece que los procesados pueden solicitar la libertad si transcurren más de seis meses desde la resolución de acusación sin que inicie formalmente el juicio. Sin embargo, la misma norma contempla una excepción cuando existen pruebas que deben practicarse fuera del país, situación que permite extender la detención por un periodo adicional.
En un auto de 52 páginas, la Sala de Casación Penal sostuvo que la declaración del exdirector del Dapre continúa siendo necesaria para el desarrollo del proceso, razón por la cual negó nuevamente la libertad de los excongresistas.
La Corte ordenó nuevas pruebas y testimonios
Además de ratificar la detención preventiva, la Corte ajustó varias de las pruebas que harán parte del juicio. Entre ellas, determinó que el presidente de Colpensiones, Jaime Dussán, sí deberá rendir testimonio sobre el trámite de la reforma pensional en el Congreso, pese a que inicialmente esa declaración había sido considerada innecesaria por la Sala de Primera Instancia.
De igual forma, Pedro José Castro Espinosa tendrá que presentar toda la documentación relacionada con un préstamo superior a los 2.000 millones de pesos, recursos que, según la investigación, habrían sido utilizados para financiar parte de los presuntos sobornos entregados dentro de la trama de corrupción.
Peritaje sobre criptomonedas buscará esclarecer presuntas transferencias
Otra de las decisiones adoptadas por el alto tribunal fue la incorporación de un peritaje especializado en criptomonedas, con el propósito de verificar los movimientos financieros que hacen parte del expediente.
El experto deberá establecer si existieron transferencias cercanas a los 1.000 millones de pesos que, según la investigación, habrían sido realizadas por Sneyder Pinilla entre Bogotá y Montería para entregar un presunto soborno al entonces representante a la Cámara Andrés Calle.
El juicio contra los excongresistas continúa avanzando
Con estas determinaciones, la Corte despeja el camino para el inicio formal del juicio contra Iván Name y Andrés Calle. Meses atrás, durante la audiencia preparatoria, el magistrado Jorge Emilio Caldas rechazó una solicitud de nulidad presentada por la defensa de Andrés Calle, que argumentaba supuestas irregularidades en la investigación.
Posteriormente, la Sala mantuvo esa decisión, permitiendo que el proceso continúe con la práctica de pruebas y los testimonios de varios de los principales protagonistas del caso.
Entre los declarantes previstos se encuentran el exdirector de la UNGRD, Olmedo López; el exdirector del Dapre, Carlos Ramón González, y la exconsejera presidencial para las Regiones, Sandra Ortiz, quienes han sido señalados como actores relevantes dentro de la investigación.
Las acusaciones por presuntos sobornos para impulsar reformas del Gobierno
Iván Name y Andrés Calle permanecen procesados por los delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación, cargos que la Corte dejó en firme tras revisar las impugnaciones presentadas por sus defensas.
De acuerdo con las declaraciones entregadas por Olmedo López y Sneyder Pinilla, Name habría recibido 3.000 millones de pesos, mientras que Calle presuntamente obtuvo 1.000 millones, recursos que, según los investigadores, provenían de los sobrecostos generados en la compra de 40 carrotanques destinados al suministro de agua en La Guajira.
La hipótesis judicial sostiene que el dinero habría sido utilizado para facilitar el trámite de varias iniciativas legislativas del Gobierno, entre ellas la reforma pensional.
Carlos Ramón González aparece como uno de los principales señalados
Las investigaciones apuntan a que el exdirector del Dapre, Carlos Ramón González, habría ordenado la entrega de los recursos, motivo por el cual también enfrenta un proceso ante la Corte Suprema de Justicia.
Según el expediente, los presuntos pagos se habrían realizado en octubre de 2023, antes de las elecciones regionales, y parte de esos recursos también habrían servido para apoyar campañas políticas de familiares de los entonces congresistas.
Sandra Ortiz habría sido la intermediaria de los presuntos pagos
Dentro del expediente también figura Sandra Liliana Ortiz Nova, exconsejera presidencial para las Regiones, quien permanece privada de la libertad de manera preventiva.
Las investigaciones indican que Ortiz habría servido como intermediaria para entregar el dinero a Iván Name, mientras que Sneyder Pinilla aseguró haber entregado personalmente los recursos destinados a Andrés Calle en Montería, aportando además conversaciones y otros elementos que, según la Fiscalía, respaldan esa versión.
Sandra Ortiz enfrenta investigaciones por los delitos de tráfico de influencias y lavado de activos, mientras que Carlos Ramón González responde por presunto cohecho, peculado y lavado de activos.
La investigación continúa cercando a los principales protagonistas del caso UNGRD
La Fiscalía ha sostenido que el escándalo de la UNGRD corresponde a una presunta organización criminal que habría operado desde distintas dependencias del Gobierno nacional, en un entramado que también ha salpicado a exfuncionarios de alto nivel.
En ese contexto, la permanencia de Carlos Ramón González fuera del país continúa siendo un factor determinante para el desarrollo del juicio, ya que su declaración hace parte de las pruebas consideradas esenciales por la Corte Suprema de Justicia.
Con la decisión de mantener en prisión a Iván Name y Andrés Calle, el proceso judicial entra en una nueva etapa, en la que el alto tribunal deberá practicar las pruebas pendientes antes de avanzar hacia el juicio y, posteriormente, emitir un fallo sobre uno de los mayores escándalos de corrupción política de los últimos años en Colombia.
