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La investigación contra la exrepresentante a la Cámara Gloria Elena Arizabaleta Corral continúa avanzando. La Corte Suprema de Justicia ordenó una nueva inspección en el despacho que ocupaba la excongresista, luego de la polémica decisión mediante la cual intentó suspender provisionalmente al presidente Gustavo Petro durante el proceso electoral.
La diligencia fue ordenada por el magistrado Misael Rodríguez, quien adelanta una investigación penal por presunto prevaricato. Según las autoridades judiciales, existen indicios de que Arizabaleta habría excedido las facultades de su cargo al emitir una medida cautelar contra el jefe de Estado sin cumplir todos los procedimientos exigidos por la ley.
Arizabaleta ya no ocupa una curul en el Congreso, luego de que la Procuraduría General de la Nación la suspendiera en medio de una investigación disciplinaria por los mismos hechos. El Ministerio Público considera que la entonces presidenta de la Comisión de Acusación habría expedido una decisión sin sustentar adecuadamente los requisitos legales para su procedencia.
La primera inspección judicial se realizó el pasado 11 de junio, apenas un día después de que Arizabaleta firmara el auto que ordenaba apartar temporalmente de sus funciones al presidente Petro. Aunque la medida generó una fuerte controversia política y jurídica, nunca llegó a hacerse efectiva, debido a que debía ser revisada y avalada por la Comisión de Acusación en pleno.
En paralelo, el abogado Alejandro Carranza presentó una denuncia contra la entonces congresista. El jurista afirmó que varios integrantes del Gobierno habrían recibido solicitudes de cargos y favores burocráticos por parte de Arizabaleta. Según explicó, corresponderá a la justicia determinar si existen pruebas suficientes que respalden esas acusaciones.
La defensa del mandatario sostiene que la decisión de suspender a Petro habría sido una reacción a la negativa del Gobierno de acceder a presuntas presiones políticas. De acuerdo con esa versión, la medida cautelar habría buscado apartar al presidente de sus funciones hasta después de la segunda vuelta presidencial, escenario que finalmente no se materializó.
La Sala Especial de Instrucción ordenó una segunda diligencia de inspección este 23 de junio, con el propósito de continuar recopilando documentos y elementos probatorios dentro del proceso penal. Funcionarios judiciales regresaron al despacho que aún conserva la excongresista en el Edificio Nuevo del Congreso para ampliar la recolección de información.
Durante la primera diligencia, Carranza manifestó que en distintas oportunidades se le habría solicitado intervenir como intermediario en asuntos relacionados con el Gobierno, algo que aseguró haber rechazado. Además, sostuvo que siempre insistió en la necesidad de que cualquier actuación se desarrollara dentro de los parámetros establecidos por la ley.
El caso tiene una particular complejidad jurídica porque, como presidenta de la Comisión de Acusación, Arizabaleta sí contaba con facultades para tramitar actuaciones contra el presidente de la República. Sin embargo, la normativa exige que medidas de esta naturaleza sean sometidas a revisión y aprobación de la comisión en pleno, requisito que no pudo cumplirse por falta de quórum durante las últimas sesiones ordinarias del Congreso.
Posteriormente, la exrepresentante modificó el auto inicial para incluir el trámite de consulta obligatoria. No obstante, el ajuste llegó cuando el calendario legislativo estaba por concluir y ya resultaba difícil que la Comisión pudiera reunirse para estudiar la medida antes del cierre de las sesiones ordinarias.
Como consecuencia de la suspensión disciplinaria, Gloria Arizabaleta permanece apartada de sus funciones y sin derecho a percibir salario, mientras avanzan tanto la investigación disciplinaria como la penal. La decisión de la Procuraduría también deberá ser revisada por el procurador general Gregorio Eljach, quien tendrá la última palabra sobre la legalidad de la medida adoptada contra la excongresista.
Mientras tanto, la investigación por presunto prevaricato sigue acumulando pruebas y testimonios. El expediente se ha convertido en uno de los procesos más sensibles del actual escenario político colombiano, debido a las implicaciones institucionales derivadas del intento de suspender al presidente de la República y las denuncias cruzadas que surgieron alrededor de esa actuación.
Sala Digital Colmundo
