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La Fiscalía General de la Nación citó a indagatoria al expresidente Álvaro Uribe Vélez por su presunta responsabilidad en hechos relacionados con las masacres de El Aro y La Granja, ocurridas en Antioquia entre 1996 y 1997, cuando ejercía como gobernador del departamento. La diligencia judicial fue programada para el próximo 24 de julio, por disposición de la Fiscalía Delegada encargada del caso.
La decisión se produce en el marco de una investigación que busca establecer posibles responsabilidades por delitos de homicidio en persona protegida y concierto para delinquir agravado, proceso que fue formalmente abierto el pasado 17 de junio. El expediente reúne varias actuaciones que durante años permanecieron en distintos despachos judiciales debido al fuero que tuvo Uribe durante su trayectoria como congresista.
Tras ser notificado de la citación, el exmandatario cuestionó duramente la actuación de la Fiscalía y aseguró que la decisión fue tomada sin que previamente se hubieran practicado pruebas o escuchado su versión de los hechos. Según manifestó, considera que el llamado a indagatoria constituye una actuación injustificada y con motivaciones políticas.
Uribe sostuvo además que el ente investigador ha otorgado beneficios e impunidad a diversos actores criminales y que, en contraste, estaría adelantando acciones en su contra sin fundamentos suficientes. También insistió en que la fiscal encargada del caso no ha recibido ninguna declaración suya, por lo que considera que la investigación avanza sin haber agotado etapas previas de esclarecimiento.
La investigación cobró nuevo impulso luego de que, en octubre de 2025, una jueza de Medellín ordenara compulsar copias para que se indagara al expresidente, a su hermano Santiago Uribe Vélez y al general retirado Carlos Alberto Ospina. La decisión surgió durante el proceso que culminó con la condena del exfuncionario del DAS José Miguel Narváez por el secuestro de la fallecida exsenadora Piedad Córdoba.
Dentro de las pruebas recopiladas aparecen testimonios de antiguos integrantes de grupos paramilitares que han señalado la existencia de reuniones entre comandantes de las autodefensas, miembros de la fuerza pública y altos funcionarios de la época. Uno de los principales testimonios corresponde al exparamilitar Francisco Enrique Villalba Hernández, conocido con el alias de “Cristian Barreto”, quien en 2008 declaró bajo juramento que en un encuentro realizado en 1997 se habrían impartido órdenes relacionadas con los asesinatos de los defensores de derechos humanos Jesús María Valle y Eduardo Umaña.
A esas declaraciones se sumaron posteriormente versiones entregadas por el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, quien en 2009, durante diligencias judiciales en Estados Unidos, entregó información similar sobre presuntos vínculos entre actores armados y autoridades de la época.
Los hechos investigados guardan relación con las masacres de La Granja, ocurrida en junio de 1996, y El Aro, perpetrada entre el 22 y el 31 de octubre de 1997. Ambos episodios dejaron múltiples víctimas y fueron denunciados durante años por organizaciones de derechos humanos debido a presuntas alianzas entre estructuras paramilitares y sectores estatales.
El abogado y defensor de derechos humanos Jesús María Valle fue asesinado el 27 de febrero de 1998 en Medellín, mientras adelantaba investigaciones sobre estos hechos y denunciaba posibles nexos entre agentes estatales y grupos paramilitares en Antioquia.
La relevancia jurídica del caso radica en que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha considerado estos crímenes como hechos de lesa humanidad, una clasificación que impide su prescripción y permite que continúen siendo investigados y juzgados sin importar el tiempo transcurrido desde su comisión.
La citación a indagatoria del expresidente Uribe marca un nuevo capítulo en uno de los expedientes más sensibles de la historia reciente de Colombia, debido a las implicaciones políticas, judiciales y de derechos humanos que rodean las masacres de El Aro y La Granja.
Sala Digital Colmundo
