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La investigación reveló el presunto direccionamiento de ocho contratos por $9.804 millones en una caja de compensación de Nariño. Cuatro personas fueron judicializadas.
La Fiscalía destapó un presunto entramado de corrupción en una caja de compensación familiar de Nariño, donde ocho contratos por cerca de $9.804 millones habrían sido direccionados mediante licitaciones simuladas, sobrecostos y el cobro de comisiones ilegales. Los hechos investigados ocurrieron entre octubre de 2025 y mayo de 2026 y llevaron a la judicialización de cuatro personas en Pasto.
La investigación, liderada por un fiscal de la Seccional Nariño con apoyo del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), señala como procesados a Olga Alicia Vásquez Martínez, subdirectora de servicios; Diana Marcela Salazar Quelal; Rosa Milena Lagos Medicis, y Edgar Alonso Insandará. Según el ente acusador, la red estaba integrada por directivos, funcionarios y particulares que habrían manipulado la contratación de la entidad.
Auditorías forenses, inspecciones contables e interceptaciones permitieron establecer que las licitaciones públicas simulaban competencia entre oferentes, aunque las adjudicaciones ya estaban definidas de antemano. La Fiscalía sostiene que las empresas favorecidas debían pagar comisiones sobre los anticipos y presentar cuentas con sobrecostos para acceder a los contratos.
De acuerdo con la investigación, los ocho contratos alcanzaron un valor de $9.804.893.500, de los cuales se desembolsaron anticipos por $2.942 millones, equivalentes al 30 % del monto contratado. La Fiscalía indicó que Olga Alicia Vásquez Martínez habría coordinado el direccionamiento de los procesos contractuales desde su cargo en la caja de compensación.
El expediente también señala que Diana Marcela Salazar Quelal y Rosa Milena Lagos Medicis presuntamente suministraban información privilegiada a las empresas previamente seleccionadas para facilitar su participación en las licitaciones. Edgar Alonso Insandará, por su parte, habría resultado beneficiado a través de la empresa que representaba.
Durante la investigación, dos de los procesados devolvieron cerca de $1.552 millones, recursos que, según la Fiscalía, estaban relacionados con las irregularidades detectadas. El ente acusador imputó los delitos de peculado por apropiación, contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y concierto para delinquir agravado.
Olga Alicia Vásquez Martínez aceptó los cargos y una juez le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario. Los otros tres procesados rechazaron las imputaciones y deberán cumplir medida de aseguramiento en sus lugares de residencia mientras avanza el proceso.
La Fiscalía advirtió que esta corresponde a una primera fase de la investigación, por lo que no se descartan nuevas judicializaciones o la vinculación de otros presuntos responsables en un caso que pone bajo la lupa la contratación de una de las principales entidades de servicios sociales en Nariño.
Sala Digital Colmundo
