Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo esperaron a Abelardo de la Espriella en el Chorro de Quevedo: el debate nunca ocurrió
28 mayo, 2026
Supersalud destapa crisis en entrega de medicamentos en Cartagena: pacientes hacen filas desde la madrugada
28 mayo, 2026
El Ministerio de Salud y Protección Social respondió a las declaraciones de Ana María Vesga, presidenta de ACEMI, publicadas por el diario El Tiempo, y cuestionó que el gremio de las EPS continúe insistiendo en la supuesta desfinanciación del sistema sin entregar explicaciones claras sobre las irregularidades detectadas por los organismos de control en el manejo de los recursos públicos de la salud.
La cartera de Salud aseguró que la discusión sobre la crisis del sistema no puede limitarse a afirmar que “la UPC no alcanza”, cuando existen investigaciones, sanciones y hallazgos oficiales relacionados con corrupción, despilfarro y posibles fraudes financieros dentro del modelo de aseguramiento. Según el Gobierno, ACEMI debe asumir responsabilidad frente a la situación actual del sector.
El Ministerio recordó que la Superintendencia de Industria y Comercio sancionó en 2011 a ACEMI y a varias EPS agremiadas por un acuerdo anticompetitivo. De acuerdo con la Resolución 46111 de 2011, las entidades habrían coordinado acciones para “ocultar o falsear información remitida a los entes reguladores”, compartir datos privados y unificar criterios para negar coberturas en salud, afectando la transparencia del sistema y la fijación de la Unidad de Pago por Capitación (UPC).
Además, señaló que la Fiscalía General de la Nación mantiene investigaciones contra exdirectivos de una de las EPS más grandes del país por presunto fraude financiero. Según expuso el ente acusador ante la Corte Constitucional, algunas EPS habrían implementado estrategias sistemáticas para defraudar al sistema mediante cobros irregulares por afiliados fallecidos, duplicidad de registros, recobros fraudulentos de medicamentos y servicios, contratos sobredimensionados, inversiones ajenas a la salud y alteraciones contables para evitar intervenciones.
En el mismo sentido, la Contraloría General de la República ha advertido posibles irregularidades por billones de pesos en el sistema de salud. Entre los hallazgos mencionados por el Ministerio aparecen pagos injustificados, inconsistencias financieras, ocultamiento de deudas y uso indebido de recursos destinados a la atención de pacientes.
La cartera también reveló que, durante la mesa técnica de la UPC ordenada por la Corte Constitucional, se encontraron duplicidades en registros, pagos de medicamentos por encima del precio regulado y reportes de servicios prestados a personas fallecidas. A esto se suman otras conductas detectadas por los organismos de control, como préstamos a particulares realizados con recursos públicos de la salud.
Por ello, el Ministerio calificó como “cuestionable” que ACEMI continúe afirmando que la UPC es insuficiente, mientras persisten dudas sobre el manejo de los recursos y las millonarias deudas acumuladas por las EPS con clínicas y hospitales del país.
Gobierno defiende aumento histórico del presupuesto en salud
El Ministerio de Salud rechazó las afirmaciones de ACEMI sobre un supuesto abandono estatal del sistema y aseguró que las cifras oficiales muestran un incremento histórico en los recursos destinados al sector.
Según el balance entregado por la entidad, entre 2022 y 2026 el presupuesto para salud creció 51,4 %, lo que equivale a más de 25 billones de pesos adicionales a precios constantes de 2025. En ese mismo periodo, la UPC registró un aumento acumulado de 28 %, equivalente a 21 billones de pesos adicionales para financiar el aseguramiento.
El Gobierno también destacó que, durante la administración del presidente Gustavo Petro, la UPC ha crecido por encima de la inflación. En el régimen contributivo el incremento real fue de 17,25 %, mientras que en el gobierno anterior alcanzó 9,84 %. Para el régimen subsidiado, el aumento entre 2023 y 2026 fue de 24,71 %, frente al 6,36 % registrado anteriormente.
Para 2026, el Ejecutivo fijó la UPC base del régimen contributivo en $1.658.912,01 y la del subsidiado en $1.541.706,27. Además, teniendo en cuenta factores como edad, sexo y ubicación geográfica, el giro promedio alcanza los $2.274.854 para el contributivo y $1.906.361 para el subsidiado.
El Ministerio explicó que el incremento más alto en el régimen subsidiado busca reducir la brecha histórica frente al contributivo, en cumplimiento de los lineamientos establecidos por la Corte Constitucional en el seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008.
“Decir que hubo desfinanciación del sistema de salud no es más que una falacia”, aseguró la cartera, al insistir en que el Gobierno ha aumentado el presupuesto, fortalecido la UPC y avanzado hacia una financiación más equitativa entre los afiliados.
“No basta con recibir recursos”: el llamado a las EPS
El Ministerio afirmó que los estudios técnicos realizados con información reportada por las propias EPS no evidencian alertas actuariales que demuestren una insuficiencia estructural de la UPC. En cambio, sostuvo que sí existen graves problemas en la gestión del riesgo y en la prestación efectiva de los servicios.
En ese sentido, la entidad enfatizó que la función de las EPS no puede reducirse a recibir recursos y pagar facturas, sino que deben garantizar citas médicas oportunas, entrega de medicamentos, tratamientos y atención efectiva para los pacientes.
“La responsabilidad es garantizar que la gente sea atendida a tiempo y que los pacientes no tengan que recurrir a tutelas para acceder a servicios”, indicó el Ministerio, al señalar que cuando eso no ocurre “no se puede culpar al Estado ni pedir más dinero sin asumir responsabilidades”.
La cartera también recordó que desde la reforma tributaria de 2012, que creó la exoneración de aportes patronales en salud para trabajadores que ganan menos de diez salarios mínimos, el Estado asumió con recursos públicos una carga que antes era financiada directamente por empleadores privados.
Por ello, el Ministerio cuestionó las declaraciones de dirigentes gremiales como Bruce Mac Master, quienes han minimizado el impacto de dicha exoneración. Según explicó la entidad, aunque no todos los empresarios dejaron de aportar, sí existe un faltante que hoy debe cubrir el presupuesto nacional.
Gobierno rechaza propuestas de ACEMI para reformar el sistema
Finalmente, el Ministerio calificó como “inadmisibles” varias de las propuestas planteadas por ACEMI en el documento “Propuestas de estabilización, recuperación y fortalecimiento del sistema de salud en Colombia 2026-2030”.
Entre las medidas cuestionadas aparecen la solicitud de más recursos públicos, la reducción del giro directo a prestadores, el aumento de la integración vertical, el incremento de copagos y cuotas moderadoras, la reducción del plan de beneficios y el fortalecimiento de planes voluntarios de salud.
Para el Gobierno, estas iniciativas son regresivas y contrarias a la garantía del derecho fundamental a la salud y a la Ley Estatutaria del sector.
“El sistema necesita financiación suficiente, pero también control, transparencia y responsabilidad”, sostuvo el Ministerio, que pidió a ACEMI y a las EPS explicar qué ocurrió con los recursos ya recibidos, por qué crecieron las deudas con clínicas y hospitales y por qué millones de pacientes siguen enfrentando barreras de acceso a los servicios.
La cartera concluyó señalando que Colombia necesita “un debate abierto, honesto y sustentado en cifras” sobre el futuro del sistema de salud, y advirtió que no se puede seguir defendiendo un modelo en el que las EPS solicitan más recursos “sin responder con claridad por el dinero que ya manejaron”.
Sala Digital Colmundo
