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Las autoridades tradicionales de la Gran Nación Emberá lanzaron un contundente pronunciamiento sobre la crisis humanitaria que enfrenta esta comunidad en Bogotá. En una declaración respaldada por 1.948 autoridades indígenas, rechazaron las violencias contra niños, niñas, adolescentes y mujeres, así como la instrumentalización de procesos de retorno y reubicación por parte de líderes que, según afirmaron, “no representan el mandato legítimo” de sus comunidades.
El secretario de Integración Social de Bogotá, Roberto Angulo, destacó el pronunciamiento a través de su cuenta personal y subrayó la importancia de que las autoridades indígenas hayan reconocido públicamente las graves afectaciones que vive la población Emberá asentada en la capital. En el encuentro participaron representantes de la Consejería de Paz, Integración Social y la Secretaría de Gobierno de Bogotá.
Las autoridades de la Confederación Nacional de los Pueblos de la Gran Nación Emberá de Colombia (CONNPEC) manifestaron su preocupación frente a prácticas de violencia, explotación, utilización de menores, mendicidad y aprovechamiento de las necesidades de las familias indígenas. En su declaración advirtieron que este tipo de acciones, promovidas por algunos voceros y liderazgos negativos, “NO representan el mandato legítimo de nuestras autoridades tradicionales”.
Asimismo, los líderes indígenas enfatizaron que las violencias basadas en género no hacen parte de sus prácticas culturales ni ancestrales. Por el contrario, señalaron que estos hechos rompen los principios de armonía, respeto y cuidado colectivo que históricamente han caracterizado a la comunidad Emberá. El pronunciamiento reafirma el compromiso de fortalecer acciones de prevención, protección y acceso a la justicia para mujeres, niñas y adolescentes víctimas de violencia en Bogotá.
Uno de los puntos más contundentes del comunicado fue el relacionado con la Jurisdicción Especial Indígena. Las autoridades afirmaron “con claridad al país que la Jurisdicción Especial Indígena jamás puede ser utilizada para justificar, encubrir o permitir violencias contra niños, niñas, adolescentes y mujeres”. Además, recalcaron que cuando estos hechos constituyen delitos y afectan derechos fundamentales, deben ser investigados y atendidos por la jurisdicción ordinaria.
El documento también alertó sobre posibles prácticas de trata de personas y manipulación de las necesidades de las familias indígenas para promover traslados hacia Bogotá bajo falsas expectativas de ayudas humanitarias o beneficios institucionales. Según las autoridades Emberá, los procesos de retorno y reubicación no pueden convertirse en escenarios de presión, instrumentalización ni beneficios particulares.
Frente a este pronunciamiento, la Administración Distrital reiteró que desde 2024 ha venido denunciando ante la Fiscalía General de la Nación presuntos casos de violencia, instrumentalización de menores y otras vulneraciones de derechos contra la población Emberá en Bogotá. La Alcaldía Mayor aseguró que ya ha interpuesto más de 20 denuncias relacionadas con estos hechos y pidió avanzar en las investigaciones de manera articulada entre las entidades competentes.
Desde el Distrito señalaron que este pronunciamiento representa un paso importante para avanzar en la protección y restablecimiento de derechos de la población Emberá, especialmente de los niños y niñas que representan cerca de la mitad de esta comunidad en la capital. Además, insistieron en que cualquier proceso de retorno o reubicación debe construirse desde la voluntad libre e informada de las comunidades, bajo condiciones reales de seguridad y dignidad.
Finalmente, la Alcaldía Mayor de Bogotá hizo un llamado a evitar la estigmatización del pueblo Emberá y reiteró su compromiso de seguir trabajando junto a las autoridades tradicionales y entidades nacionales. El objetivo, aseguraron, es garantizar la protección integral de los derechos de esta población y enfrentar las graves vulneraciones denunciadas en la ciudad.
Humberto ‘Toto’ Torres
