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La Audiencia Nacional decidió imputar al expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero dentro de la investigación del denominado caso Plus Ultra, relacionado con el polémico rescate financiero otorgado a la aerolínea durante el mandato de Pedro Sánchez.
De acuerdo con fuentes judiciales, el magistrado José Luis Calama citó a Zapatero para comparecer el próximo 2 de junio en calidad de investigado por presuntos delitos de tráfico de influencias, blanqueo de capitales, falsedad documental y otros delitos conexos.
La decisión marca un hecho sin precedentes en la política española reciente, ya que Zapatero se convierte en el primer expresidente del Gobierno democrático en ser formalmente imputado en una causa de este tipo.
Según el auto judicial, el juez considera que existen indicios de una supuesta “estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias” que habría operado alrededor del exlíder socialista. La investigación apunta a que dicha red buscaba obtener beneficios económicos mediante intermediaciones y gestiones ante organismos públicos para favorecer a terceros, especialmente vinculados con la aerolínea Plus Ultra Líneas Aéreas.
El expediente también sostiene que la presunta trama habría utilizado sociedades instrumentales, documentación simulada y mecanismos financieros opacos para ocultar movimientos de dinero y facilitar operaciones irregulares.
La imputación se produjo en medio de una nueva fase de la investigación judicial que incluyó registros ordenados por la Audiencia Nacional. Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) realizaron inspecciones en la oficina de Zapatero ubicada en la calle Ferraz, en Madrid, así como en varias compañías relacionadas con su entorno empresarial.
Entre las empresas registradas aparece Whathefav, firma vinculada con las hijas del expresidente. Asimismo, las autoridades realizaron diligencias en las sociedades Soft Gestor e Inteligencia Prospectiva, relacionadas con el empresario Julio Martínez Martínez, señalado por los investigadores como presunto aliado y supuesto pagador de Zapatero.
El caso gira alrededor del rescate público de Plus Ultra aprobado durante la pandemia por el gobierno español, una operación que contempló ayudas estatales por 53 millones de euros y que desde el inicio generó cuestionamientos políticos y jurídicos sobre la legalidad de la entrega de esos recursos.
En el auto de más de 80 páginas, el juez Calama afirma que la investigación permitió detectar posibles indicios de una red organizada que habría utilizado la influencia política del expresidente para facilitar decisiones administrativas favorables a determinados intereses privados.
Según documentos incorporados al proceso, Julio Martínez habría entregado al menos 460.000 euros a Zapatero por supuestos servicios de asesoría, pagos que ahora forman parte del análisis financiero adelantado por las autoridades judiciales.
El expresidente español ha rechazado públicamente cualquier conducta irregular y niega haber participado en gestiones relacionadas con el rescate de Plus Ultra. Ante el avance del proceso, Zapatero acudió al respaldo jurídico del catedrático y abogado Víctor Moreno Catena.
En decisiones previas, el magistrado ya había advertido que la investigación abarca posibles delitos de organización criminal, apropiación indebida y lavado de activos. Además, sostuvo que la supuesta estructura investigada tendría ramificaciones internacionales y posibles movimientos de fondos hacia el extranjero mediante sociedades interpuestas.
Junto a Zapatero también son investigados el presidente de Plus Ultra, Julio Martínez; el director ejecutivo de la aerolínea, Roberto Roselli; además de empresarios, abogados y otros actores relacionados con la operación financiera.
La causa continúa bajo la dirección del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional y ya es considerada como uno de los procesos judiciales con mayor impacto político en España en los últimos años.
